Minutos después el mensaje fue eliminado y el Ejecutivo emitió un comunicado en el cual informan que Glas fue “detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes”.
“Toda Embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”, señala la nota oficial.
De acuerdo con el Gobierno del presidente Daniel Noboa, “al haberse abusado de las inmunidades y privilegios, concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glas, y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura”.
Alrededor de las 22:30 (hora local) policías y autos blindados entraron por la fuerza a la embajada mexicana.
El encargado de esa misión diplomática, Roberto Canseco, quien quedó al frente de la legación luego de que Ecuador declarara persona non grata a la embajadora, Raquel Serur, denunció la agresión y la entrada de la fuerza pública.
A riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país, esto no puede ser, es increíble, que haya sucedido algo así, declaró el funcionario mexicano a la prensa.
«Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador», dijo Canseco.
Videos que circulan en redes sociales muestran a policías trepando paredes y vallas de la sede diplomática, que estuvo desde temprano fuertemente custodiada por militares, en un momento de tensión entre ambos gobiernos.
La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, se pronunció sobre lo sucedido en la noche de hoy: “¡INCREÍBLE! Una vez más, en Ecuador no existe estado de Derecho. Jorge Glas ha recibido el asilo diplomático y así responde este gobierno improvisado, violando el Derecho Internacional Público”.
Glas, considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó la captura del exfuncionario por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.