Más de 30.000 personas salieron este domingo a las calles de la capital española para protestar contra la política sanitaria del gobierno de la Comunidad de Madrid.
La manifestación, organizada bajo el lema ‘Salvemos nuestra sanidad pública’ , puso de relieve el creciente malestar ciudadano por lo que consideran una privatización y desmantelamiento del sistema sanitario público de Madrid.
Organizada por la plataforma ‘Vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid’, la protesta partió simultáneamente desde cuatro puntos estratégicos de la capital.
Esta movilización masiva refleja la preocupación generalizada por el estado actual de la sanidad pública en la ciudad y las políticas implementadas por el gobierno regional.
Los manifestantes criticaron los “retrasos insoportables en la atención primaria” y la falta de personal.
El manifiesto leído durante la manifestación denuncia la existencia de un millón de personas en listas de espera y “decenas de miles de niños sin pediatra asignado” en la que es la región más rica de España.
Ricardo Chacón, representante de la plataforma organizadora, dijo que la privatización de la salud “no está funcionando” y que responde a intereses económicos privados y no a los beneficios de los pacientes.
Luis López, otro portavoz del grupo, pidió un aumento significativo del presupuesto sanitario regional y exigió que al menos un 25% se destine a reforzar la atención primaria.
Los organizadores destacaron la importancia de la atención sanitaria preventiva como estrategia más económica y eficaz que centrar los recursos únicamente en tratamientos curativos.
Esta perspectiva busca un cambio de paradigma en la gestión sanitaria en Madrid, priorizando la accesibilidad y calidad de la atención primaria.
Posicionamiento político y controversias en torno al sistema sanitario madrileño
La manifestación contó con una notable representación de partidos de izquierda y sindicatos que apoyaron las demandas ciudadanas. Reyes Maroto, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, instó a apoyar a las miles de personas que esperan cita médica y no cuentan con un seguro médico privado como alternativa.
Manuela Bergerot, de Más Madrid, ofreció datos concretos de la crisis sanitaria regional: 139.000 niños sin pediatra asignado y 625.000 pacientes sin médico de familia.
El dirigente político relacionó directamente esta situación con las políticas privatizadoras, denunciando en concreto la relación entre el Grupo Quirón y el entorno personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La eurodiputada Irene Montero (Podemos) añadió una dimensión ética al debate al afirmar que sin acceso universal a una sanidad pública de calidad “no hay democracia ni dignidad de la vida”.
Montero también se refirió a la polémica por los contratos del Grupo Quirón con el socio de Ayuso, alegando un incremento de pagos y privatizaciones coincidiendo con esa relación personal.
La movilización ciudadana en defensa del sistema sanitario público madrileño evidencia la creciente polarización política en torno a la gestión sanitaria regional. Los manifestantes exigen la revocación de las políticas de privatización.