La reacción política contra la nueva ley de Hungría que prohíbe la celebración pública de desfiles del Orgullo continúa intensificándose, y un número creciente de países denuncian la legislación como un ataque contra los derechos humanos y el derecho de reunión.
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, los llamados países Benelux, emitieron un comunicado de condena durante una reunión informal de ministros de Igualdad el miércoles, dijeron varios diplomáticos a Euronews.
El ministro holandés habló en nombre del grupo
“Nos preocupan las leyes aprobadas en Hungría que socavan los derechos LGBTIQ+ y restringen el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”, dijeron.
Respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, incluidas las personas LGBTIQ+, es inherente a la familia europea. Es nuestra responsabilidad y la comparten los Estados miembros y las instituciones europeas.
Austria, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Lituania, Portugal, Eslovenia, España y Suecia apoyaron la declaración del Benelux.
Durante la reunión, que tuvo lugar en Varsovia, Francia emitió una reprimenda “enérgica”, indicó un diplomático, mientras que Grecia y Chipre hablaron críticamente sobre los “acontecimientos recientes” en todo el bloque, utilizando un lenguaje amplio que no mencionó a Hungría pero que se entendió que se refería al mismo tema.
El rechazo se produce después de que el parlamento húngaro aprobara una enmienda a la constitución que codifica la ley que el partido gobernante aceleró en marzo. Dicha ley prohibía los eventos públicos que se consideraran contrarios a la Ley de Protección Infantil, que restringía severamente las representaciones de la homosexualidad y la reasignación de género.
La nueva ley prohibió los eventos organizados por la comunidad LGBTQ+, como el desfile del Orgullo anual en Budapest que atrae a miles de visitantes.
El texto permitirá a las autoridades utilizar herramientas de reconocimiento facial para identificar a quienes organicen y asistan a eventos prohibidos, lo que conlleva multas de hasta 200.000 florines húngaros (485 €). De no pagarse, las multas se recaudarán como impuestos.
Además, la enmienda constitucional aprobada el lunes declara que los derechos del niño prevalecen sobre cualquier otro derecho fundamental (excepto el derecho a la vida) y reconoce dos sexos, masculino y femenino, lo que niega de hecho las identidades transgénero e intersexuales. La enmienda también permite a las autoridades suspender, en determinadas circunstancias, la doble nacionalidad de algunos ciudadanos húngaros.
Budapest vs Bruselas
Los cambios radicales encajan con la agenda de Viktor Orbán. El primer ministro, que se autodenomina “antiliberal”, ha atacado repetidamente lo que él llama “ideología progresista”, presentando leyes dirigidas contra la comunidad LGBTQ+, los migrantes y la sociedad civil.
“Protegemos el desarrollo infantil, afirmamos que cada persona nace varón o mujer, y nos mantenemos firmes contra las drogas y la injerencia extranjera”, declaró tras la votación en el parlamento. “En Hungría, el sentido común es fundamental”.
Las polémicas iniciativas de Orbán han profundizado la brecha entre Budapest y Bruselas. A principios de esta semana, la Comisión Europea expresó su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y afirmó que emprendería acciones legales “de ser necesario” tras examinar la ley.
“Por el momento, necesitamos analizar los cambios (constitucionales), ya que abarcan varios temas y debemos examinarlos con mucho cuidado para poder verlos desde la perspectiva del derecho europeo”, dijo un portavoz.
El portavoz no proporcionó un cronograma para iniciar los procedimientos
Además de las posibles violaciones de los derechos fundamentales, la prohibición del Orgullo también está bajo escrutinio por su posible incompatibilidad con la Ley de Inteligencia Artificial , que establece limitaciones estrictas sobre cómo las fuerzas del orden pueden implementar el reconocimiento facial.
Si se produjera una demanda, se sumaría a una serie de frentes abiertos
La Ley de Protección Infantil, la ley de 2021 que sustenta la prohibición del Orgullo, ya es objeto de un proceso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), interpuesto por la Comisión junto con 15 Estados miembros . (La lista de países que apoyan la declaración del Benelux en Varsovia es casi idéntica a la que la respaldó).
Por otra parte, la Comisión ha demandado a Hungría por su controvertida “Ley de Soberanía Nacional” y está deduciendo una multa diaria de un millón de euros impuesta por el TJCE por un incumplimiento “sin precedentes” de las normas de migración y asilo de la UE.
La deducción se aplica a la parte asignada a Hungría del presupuesto de la UE
Al mismo tiempo, la adopción de posturas favorables a Rusia por parte de Orbán ha generado antagonismo tanto en la Comisión como en la mayoría de los Estados miembros. El mes pasado, Orbán fue el único líder que se negó a respaldar las conclusiones conjuntas sobre Ucrania . Solo este año, Hungría ha amenazado dos veces con bloquear la renovación de las sanciones contra Rusia, lo que ha llevado a diplomáticos y funcionarios a considerar un plan B en caso de que el veto se materialice a finales de julio.
Además, Hungría es el único país que se opone a la candidatura de Ucrania para la adhesión, llegando incluso a lanzar una consulta pública al respecto. Las vallas publicitarias que promocionan la consulta muestran el rostro de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.