La Corte Penal Internacional (CPI) se prepara para un “rápido asalto” de la nueva administración estadounidense que podría “paralizar” su trabajo y representar “una amenaza existencial” para la institución con sede en La Haya, informó el periódico The Guardian, citando fuentes dentro de la organización.
La represión prevista sería una respuesta a las órdenes de arresto que el tribunal emitió en noviembre contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Los funcionarios de la CPI se están preparando para que el presidente Donald Trump imponga estrictas sanciones financieras y de viaje contra la corte, su fiscal jefe y los jueces a partir de esta semana, según The Guardian.
A principios de este mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de imponer sanciones a la CPI, y aún está pendiente la aprobación del Senado. Sin embargo, fuentes dentro de la corte temen que Trump pueda pasar por alto al Congreso y emitir una orden ejecutiva que permita las restricciones.
Las medidas podrían afectar el acceso de la CCI a los sistemas bancarios y de pago, a la infraestructura de TI y a los proveedores de seguros, señaló The Guardian.
Varias fuentes de la fiscalía afirmaron que la CPI depende en gran medida de la plataforma en la nube Azure de Microsoft para sus operaciones y advirtieron que perder el acceso paralizaría las investigaciones. “Básicamente, almacenamos todas nuestras pruebas en la nube”, dijo una fuente.
“La preocupación es que las sanciones se utilizarán para cerrar el tribunal, para destruirlo en lugar de simplemente atarle las manos”, dijo un funcionario de la CPI a The Guardian.
Trump mantuvo una estrecha relación con Netanyahu durante su mandato anterior. Según se informa, el equipo de Trump también desempeñó un papel importante en la mediación del reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo militante Hamás, con sede en Gaza.
Durante su primera presidencia, Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, algo que las administraciones estadounidenses anteriores habían evitado hacer debido al disputado estatus de la ciudad y su importancia tanto para israelíes como para palestinos.
En 2020, Trump impuso sanciones a la CPI por las investigaciones de la corte sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán cometidos por todas las partes, incluido Estados Unidos. Las medidas se levantaron en 2021, bajo el mandato del presidente Joe Biden.