El ejecutivo de la Unión Europea dio a conocer el martes medidas para fortalecer el poder de negociación de los agricultores a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, buscando equilibrar el poder de negociación entre los agricultores y los grandes compradores.
La iniciativa de la Comisión forma parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los agricultores reciban una compensación justa y ya no se vean obligados a vender productos por debajo de los costos de producción.
“Los agricultores deben estar en una posición de negociación más fuerte frente a los que fijan los precios. Su arduo trabajo merece ser recompensado”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje de vídeo.
Las propuestas reflejan las recomendaciones del Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE convocado por von der Leyen para abordar las preocupaciones planteadas durante las recientes protestas de los agricultores.
Las medidas propuestas incluyen contratos escritos obligatorios, en los que los compradores deben definir claramente términos como precio, cantidad y plazos de entrega, reflejando las condiciones del mercado y las fluctuaciones de los costos.
«Si un agricultor tiene un contrato escrito, sabe exactamente qué puede esperar», afirmó el Comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen.
El luxemburgués afirmó que este nuevo requisito no añadirá burocracia innecesaria a los agricultores, que ya están agobiados.
“No tiene por qué ser un contrato de diez páginas, pero sí tiene pruebas escritas de que se acordó un plazo, un precio y una cantidad”, explicó.
Las nuevas reglas pretenden empoderar a los agricultores alentándolos a unirse a organizaciones de productores y fortalecer su poder de negociación con los clientes que utilizan sus productos.
Además, los Estados miembros deberán establecer mecanismos de mediación obligatorios para resolver disputas entre agricultores y compradores.
El paquete también introduce un reglamento para mejorar la aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (PCD), adoptada hace cinco años, pero que sigue en gran medida sin implementarse.
Si bien no llega a ser una revisión completa del marco (una demanda clave de los agricultores franceses durante las recientes protestas), las medidas brindan aclaraciones, en particular para la aplicación transfronteriza.
El marco de las prácticas comerciales desleales establece un nivel mínimo de protección y enumera 16 prácticas desleales prohibidas a nivel de la UE. Algunos Estados miembros de la UE han promulgado su propia legislación, más estricta, que a menudo abarca una gama más amplia de prácticas desleales.
El objetivo de la Comisión es garantizar una implementación consistente en toda la UE, evitando que las empresas exploten las lagunas regulatorias trasladando sus operaciones a estados miembros con normas más débiles.
Estos ajustes propuestos serán ahora discutidos en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para su aprobación formal.