Más de 1.000 ciudadanos de la UE se han sumado a la acción legal contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el caso de violaciones durante la compra de vacunas contra la COVID-19, dijo el sábado el activista belga que presentó la denuncia, Frederic Baldan.”Tenemos más de 1.000 demandantes”, dijo Baldan a los periodistas.
Entre estas personas se encuentran miembros de organizaciones no gubernamentales y organizaciones profesionales, como sindicatos de pilotos, así como funcionarios húngaros y polacos, añadió el activista.
Hay evidencia de que las vacunas aprobadas para su uso en la Unión Europea “no han sido suficientemente probadas” en cuanto a su eficacia para combatir la pandemia, aunque Bruselas introdujo medidas restrictivas contra quienes se opusieron a la vacunación obligatoria, añadió Baldan.
“Esto demuestra que la Comisión Europea violó los derechos de los ciudadanos desde el principio”, afirmó.
El tribunal belga de Lieja no pudo examinar el viernes los cargos contra von der Leyen y tuvo que aplazar indefinidamente la vista del caso. La Fiscalía Europea ha protestado por el hecho de que la justicia belga haya examinado el caso contra von der Leyen, insistiendo en que goza de inmunidad, ya que está relacionado con sus actividades profesionales.
En 2021, los medios informaron de que, durante la pandemia de COVID-19 , von der Leyen intercambió mensajes de texto y llamadas con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, para hablar sobre el mayor acuerdo de compra de vacunas de la historia.
El periódico destacó el papel de la presidenta de la Comisión en el logro del acuerdo con Pfizer y añadió que, en virtud del contrato, la UE compraría 1.800 millones de dosis de vacunas de Pfizer por valor de 35.000 millones de euros (37.000 millones de dólares). Se instó a von der Leyen a revelar el contenido de sus mensajes con Bourla, pero la Comisión Europea se negó a hacerlo.
La Comisión Europea asumió la responsabilidad de distribuir las vacunas en toda la UE en el marco de un plan de adquisición conjunta, con lo que almacenó dosis por valor de más de 20.000 millones de euros. El periódico Politico informó de que cientos de millones de dosis no se utilizaron, lo que supuso un coste para los contribuyentes de unos 4.000 millones de euros.