Los 27 líderes de la Unión Europea dieron el jueves su respaldo más explícito hasta el momento al polémico proyecto de externalización de la política migratoria, aunque ofrecieron escasos detalles sobre cómo funcionaría la idea en la práctica y cómo las autoridades podrían respetar los derechos humanos al transferir migrantes fuera de las fronteras del bloque.
“Se deben considerar nuevas formas de prevenir y contrarrestar la migración irregular, de acuerdo con el derecho internacional y de la UE”, dijeron los líderes en las conclusiones de una cumbre de un día.
Aunque vaga, la línea actúa efectivamente como un visto bueno político para experimentar con las normas legales establecidas y encontrar “soluciones innovadoras”, como a algunos líderes les gusta llamarlas, para disminuir el número de solicitudes de asilo, que el año pasado llegó a 1.129.000, la cifra más alta desde 2016.
Antes de la cumbre, la italiana Giorgia Meloni, el holandés Dick Schoof y la danesa Mette Frederiksen recibieron a un grupo de países considerados partidarios de la subcontratación para crear un frente común y marcar el tono de las negociaciones que duraron horas.
El texto final no incluye uno de los proyectos favoritos del grupo: la construcción de “centros de retorno” en países no pertenecientes a la UE para acoger a las personas cuyas solicitudes de protección internacional hayan sido rechazadas. Aun así, Ursula von der Leyen se refirió explícitamente a la idea durante una conferencia de prensa, confirmando que la opción está oficialmente sobre la mesa.
“Se ha hablado de los centros de retorno. Hay preguntas abiertas: ¿Cuánto tiempo pueden permanecer allí las personas? ¿Qué se hace, por ejemplo, si no es posible el retorno?”, afirmó el presidente de la Comisión Europea.
“No es algo trivial, pero es un tema que se está discutiendo”.
Von der Leyen no sugirió ningún destino potencial para construir estos “centros de retorno” y no confirmó si su próxima propuesta legislativa para acelerar las deportaciones incluiría ese elemento clave. Pero la jefa de la Comisión pareció apoyar la externalización al proponer dos posibilidades adicionales para trasladar los procedimientos de asilo fuera de la UE:
Un plan para ofrecer a los migrantes protección internacional en “terceros países seguros” en lugar de en la UE. (Von der Leyen prometió revisar el concepto de “países seguros”).
Apoyo financiero a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para permitir que estas organizaciones traigan a los migrantes “varados” de regreso a sus países de origen.
El jueves, el español Pedro Sánchez y el belga Alexander De Croo expresaron abiertamente sus críticas a los “centros de retorno”, afirmando que costarían demasiado dinero y no resolverían las causas profundas de la migración irregular. “La historia ha demostrado que estas soluciones no aportan muchos resultados”, afirmó De Croo.
Sin embargo, el tamaño reducido de la oposición indica que la marea ha cambiado definitivamente a favor de la deslocalización, a pesar de las reiteradas advertencias de las organizaciones humanitarias de que socavaría el proceso de asilo y alimentaría las violaciones de los derechos humanos.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que podía “observar que las posiciones y los planes son más convergentes, especialmente en el aspecto externo de la migración, y que existe una voluntad de adoptar medidas cada vez más operativas en el ámbito de la migración”.
Migración armada
Los centros de datos no fueron el único tema polémico en la agenda del jueves.
Los dirigentes también dedicaron su tiempo a debatir el fenómeno de la migración instrumentalizada llevada a cabo por Bielorrusia y Rusia a través de la frontera oriental del bloque, que Polonia, Finlandia y los países bálticos han sufrido en primera persona.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, inauguró el debate del jueves presentando su nueva estrategia contra la instrumentalización que incluye una “suspensión territorial temporal del derecho de asilo”.
El amplio plan, que parece contradecir un principio fundamental del derecho internacional que obliga a los países a aceptar y examinar cada solicitud de asilo, no fue recibido con reservas por los demás líderes, según varios diplomáticos.
En sus comentarios, Tusk dijo que se estaba inspirando en una ley de emergencia que Finlandia introdujo en julio y que, según sostienen los expertos legales, legaliza efectivamente el rechazo.
“Entiendo perfectamente la propuesta de Polonia y de Donald Tusk sobre cómo asegurar la frontera contra la migración instrumentalizada procedente de Rusia y Bielorrusia”, dijo el jueves el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a los periodistas en una muestra de solidaridad.
“Hace un año tuvimos el mismo fenómeno en nuestra frontera y aprobamos nuestra legislación nacional, pero no es una solución sostenible. Necesitamos una legislación a nivel europeo contra la inmigración instrumentalizada”.
La demanda quedó firmemente reflejada en las conclusiones que firmaron los líderes, donde dicen que “las situaciones excepcionales requieren medidas apropiadas” y que las fronteras exteriores deben protegerse “por todos los medios disponibles” y “de acuerdo con el derecho de la UE y el internacional”.
Pero la línea divisoria entre lo legal y lo ilegal quedó abierta a la interpretación. La Comisión aún no ha concluido su análisis interno del proyecto de ley finlandés, por lo que resulta imposible evaluar cuánto está dispuesta a tolerar Bruselas en esta delicada coyuntura.
“Se trata de ataques híbridos por parte de actores estatales y, por lo tanto, Polonia y otros estados miembros deben poder proteger a nuestra unión de estos ataques híbridos. (Eso) se aplica a Finlandia y los Estados bálticos”, dijo von der Leyen.
“Tienen que poder tomar medidas temporales y adecuadas. Estamos trabajando en eso con Polonia en estos momentos”.
Las conclusiones del jueves también piden a la Comisión que firme acuerdos más amplios financiados por la UE con los países vecinos para evitar que se produzcan llegadas de migrantes. Von der Leyen elogió su acuerdo con Túnez como un éxito y afirmó que los flujos migratorios a través del Mediterráneo central han disminuido un 64% este año.
En particular, el texto de los líderes destaca “la importancia de implementar la legislación adoptada por la UE y la aplicación de la legislación existente”, una victoria retórica para la Comisión después de que Polonia y Hungría prometieran ignorar la reforma migratoria completada en mayo.