Budapest se verá privada próximamente de una parte de sus fondos comunitarios por negarse a pagar la multa impuesta por el Tribunal de Justicia Europeo.
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento especial para deducir la multa de 200 millones de euros que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a Hungría por las restricciones de larga data del país al derecho de asilo.
La multa deberá pagarse en un solo pago a la Comisión Europea.
Budapest incumplió el primer plazo a finales de agosto, lo que llevó al ejecutivo a enviar una segunda solicitud de pago con fecha límite el 17 de septiembre.
Como esta segunda solicitud también fue ignorada, la Comisión dijo el miércoles que activaría el llamado “procedimiento de compensación” para restar la multa de 200 millones de euros de la parte asignada a Hungría del presupuesto de la UE.
El mecanismo examinará diversas partidas financieras que se espera que se desembolsen a Hungría en las próximas semanas. Alrededor de 21.000 millones de euros de los fondos de cohesión y recuperación destinados a Hungría siguen congelados debido al deterioro del Estado de derecho.
“A partir de hoy pasamos a la fase de ‘compensación'”, dijo el miércoles un portavoz de la Comisión. “En teoría, se puede analizar cualquier pago, no se descarta nada, pero obviamente esto llevará algo de tiempo, tenemos que identificar lo que está por venir e identificar los pagos que puedan absorber la multa en cuestión”.
Paralelamente, Hungría se enfrenta a una multa de un millón de euros por cada día que siga ignorando la sentencia del TJUE y mantenga las restricciones al derecho de asilo, lo que el tribunal ha calificado de “violación sin precedentes y excepcionalmente grave del Derecho de la UE”.
Budapest debe explicar qué medidas ha adoptado, si las ha adoptado, para cumplir la sentencia. Como el país no respondió a tiempo a las preguntas de la Comisión, el ejecutivo ha enviado la primera solicitud de pago para cobrar la multa acumulada.
La solicitud asciende a 93 millones de euros y tiene un plazo de 45 días.
Desde que el TJUE emitió su fallo en junio, el primer ministro Viktor Orbán ha intensificado su retórica anti-UE, calificando la multa de “escandalosa y aceptable” y argumentando que su país debería recibir 2.000 millones de euros por defender sus fronteras desde 2015.
La Comisión no reconoce esta cifra como reembolsable de ningún modo.
“No se nos debe castigar, sino reconocer nuestros logros, y no se nos debe quitar el dinero, sino dárnoslo para que podamos continuar con esta labor”, dijo Orbán en una reciente entrevista radial. “Es cuestión de tiempo”.
Como represalia, su gobierno ha amenazado con enviar inmigrantes en autobús a Bélgica “voluntariamente” y “gratis”, algo que constituiría un caso sin precedentes de migración instrumentalizada por un Estado miembro contra otro.
Aún no se ha producido ningún traslado de inmigrantes, pero el plan ya ha sido objeto de duras críticas por parte de las autoridades belgas y de la UE.
La disputa, un nuevo capítulo en el enfrentamiento que ya dura una década entre Bruselas y Budapest, se está viendo agravada por las crecientes preocupaciones por la decisión de Hungría de ampliar su sistema de Tarjeta Nacional a los ciudadanos rusos y bielorrusos, lo que, según advierte la Comisión, podría permitir la elusión de sanciones y plantear una amenaza para “todo” el Espacio Schengen.
Budapest ha negado rotundamente cualquier riesgo para la seguridad interna y ha afirmado que la extensión a los ciudadanos rusos y bielorrusos era necesaria para paliar la escasez de mano de obra en el interior del país y dar a los empleadores un “procedimiento más fácil” para atraer a trabajadores extranjeros.
A pesar de la tensión, hubo un indicio de acercamiento esta semana después de que János Bóka, ministro de Asuntos Europeos de Hungría, se reuniera con Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos de Interior, para discutir tanto el fallo del TJCE como la Tarjeta Nacional.
La Comisión no proporcionó inmediatamente un resumen de la reunión.