Venezuela reiteró hoy su posición histórica de desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la controversia con Guyana sobre la Guayana Esequiba, ni la decisión que pueda adoptar sobre este asunto.
Un comunicado que circula aquí indicó que la asistencia este martes de una delegación a una reunión en la sede de la CIJ en La Haya, Países Bajos, “en modo alguno implica el consentimiento (…) ni el reconocimiento a dicha jurisdicción”.
El encuentro fue convocado por el presidente del organismo internacional para discutir los próximos pasos del proceso “encubado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana ante esta instancia, en claro desconocimiento y transgresión del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional», precisó
Subrayó que este pacto de 1966 constituye el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes conforme al derecho internacional, “con objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes”.
El texto señaló que el 3 de diciembre de 2023, el pueblo venezolano dio un claro y contundente mandato (con la celebración de un referendo) para defender los derechos que desde su nacimiento le corresponde a Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba.
Expreso que, en cumplimiento de este mandato y lineamiento del jefe de Estado Nicolás Maduro, la República Bolivariana “ha ejercido y continuará ejerciendo la defensa de la verdad histórica en todos los espacios”.
La nota ratificó el sólido compromiso del Gobierno de Venezuela de defender la integridad territorial y la soberanía nacional sobre la Guayana Esequiba.
También hizo un nuevo llamado a Guyana de regresar a la mesa de negociación para hacer efectivo del arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo guyanés, Irfaan Alí, sostuvieron el 14 de diciembre de 2023 en San Vicente y las Granadinas un encuentro para dirimir las diferencias, tras acusaciones mutuas de violaciones al derecho internacional.
Esta cita contó con el auspicio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Comunidad del Caribe y las Naciones Unidas, además de Brasil y varios primeros ministros del bloque caribeño.
De la reunión derivó una declaración conjunta en la que los mandatarios expresaron su compromiso con la búsqueda de la buena vecindad, la convivencia pacífica, y la unidad de América Latina y el Caribe.
Convinieron que cualquier controversia entre los Estados se resolverá de conformidad con el Derecho Internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Además pactaron que “no se amenazarán -directa o indirectamente- ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancias”, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos países.