Australia y Nueva Zelanda están enviando aviones a Nueva Caledonia para evacuar a los ciudadanos varados en el territorio gobernado por Francia que ha experimentado protestas mortales pidiendo la independencia.
La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, confirmó el martes que su país había recibido autorización de funcionarios franceses para dos vuelos.
El gobierno “continuará trabajando en más vuelos”, escribió Wong el martes en la plataforma de redes sociales X.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, también anunció que un avión se dirigiría a Nueva Caledonia a primera hora de la tarde del martes para repatriar a unos 50 pasajeros con necesidades más urgentes desde Noumea, añadiendo que sería el primero de una serie de vuelos previstos.
“Los neozelandeses en Nueva Caledonia se han enfrentado a unos días difíciles y traerlos a casa ha sido una prioridad urgente para el gobierno”, dijo Peters en un comunicado.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Francia y Australia mantuvieron una llamada el lunes por la noche, después de que Nueva Zelanda y Australia dijeran que estaban esperando la autorización de las autoridades francesas para enviar aviones para evacuar a los turistas.
Unos 3.000 turistas están varados en Nueva Caledonia, entre ellos más de 300 australianos y alrededor de 250 neozelandeses.
Los vuelos de evacuación planeados se producen mientras el aeropuerto internacional de Nueva Caledonia permanece cerrado, ya que la Célula de Coordinación de Acción de Campo (CCAT), el grupo activista que organiza las protestas en la isla del Pacífico, dijo que los bloqueos de carreteras continuarían.
Las protestas estallaron en la isla el 13 de mayo por los cambios electorales impuestos por el gobierno francés en París que permitirían votar a decenas de miles de residentes no indígenas.
Los indígenas canacos, que representan alrededor del 40% de la población del territorio del Pacífico de 270.000 personas, dicen que las últimas reglas diluirían su voto.
CCAT describió los cambios como un plan de “Estado colonial” francés, señalando que los indígenas canacos habían sufrido discriminación durante demasiado tiempo.
Sonia Lagarde, alcaldesa de Numea, dijo al diario francés Le Monde que debería posponerse la aprobación de los cambios electorales por ambas cámaras del parlamento francés.
Mientras tanto, los jefes de gobierno de otros cuatro territorios franceses de ultramar, incluida La Reunión en el Océano Índico, Guadalupe y Martinica en el Caribe y la Guayana Francesa en América del Sur, también han pedido la retirada de los cambios para evitar una “guerra civil”.
Francia ha enviado 1.000 fuerzas de seguridad para hacer frente a los peores disturbios en el territorio desde la década de 1980, que dejaron seis muertos, incluidos dos gendarmes, y cientos de heridos.