El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admite un recurso de las principales empresas fabricantes de armamento norteamericanas contra la aceptación a trámite de una demanda millonaria del Estado mexicano que acusa a estas compañías de facilitar el flujo de armas destinadas a los cárteles de la droga.
México denuncia que las empresas optaron deliberadamente por un comercio “negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en el país, por lo que les reclama 10.000 millones de dólares (unos 9.110 millones de euros) en concepto de daños.
La denuncia fue rechazada inicialmente por un tribunal federal, pero en segunda instancia se aceptó el caso contra empresas de la entidad de Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Interstate Arms o Colt.
Con su decisión, el Supremo estadounidense tendrá que decidir si se aplica la inmunidad a las empresas que fabrican estas armas según la Ley de Protección del Comercio Legítimo de la Ley de Armas de 2005. La decisión final podría conocerse en el verano de 2025.
“La demanda de México no tiene sentido en un tribunal estadounidense”, han alegado las empresas armamentísticas en su recurso, respaldado por los fiscales de estado republicanos menos el de Ohio, 27 congresistas y varias organizaciones de defensa de los derechos a las armas.
Según el Gobierno mexicano, entre 200.000 y 750.000 armas fabricadas por estas empresas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos. Además, entre el 70 y el 90 por ciento de las armas encontradas en escenas de crímenes proceden de Estados Unidos, ya que en territorio mexicano es muy difícil comprarlas legalmente.
En México se han contabilizado más de 340.000 asesinatos y unos 100.000 desapariciones desde el inicio de la ofensiva militar contra los cárteles de la droga en diciembre de 2006.