Las elecciones para elegir un nuevo Parlamento Europeo (PE) siguen eclipsadas en España, donde hoy temas como la Ley de Amnistía y presunta corruptela ocupan la atención.
Aunque los comicios para la nueva Eurocámara ocurrirán el próximo 9 de junio, los mítines y actos promovidos por fuerzas de la izquierda, la derecha y la ultraderecha no encontraron el foco esperado.
La campaña señala una cita con las urnas que para muchos pudieran ser decisiva en torno al futuro en España, con el gobernante Partido Socialista Obrero Español y sus socios de izquierda permanentemente cuestionados por la derecha.
Con una aprobación por margen pequeño, 177 votos a favor y 172 en contra, la legislación de amnistía es calificada por el conservador Partido Popular (PP) como una moneda de cambio del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para perpetuarse en el poder.
Desde el mismo inicio de la segunda investidura del Ejecutivo encabezado por Sánchez, el PP desarrolló una dura campaña de descalificaciones y críticas al gobernante.
La organización opositora que lidera Alberto Núñez Feijóo obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones generales españolas de julio de 2023, pero no consiguió los escaños parlamentarios requeridos para hacerse de las riendas del Palacio de la Moncloa.
Sánchez, en cambio, lo logró, eso sí con el espaldarazo de las organizaciones independentistas catalanas a las que prometió impulsar una ley de amnistía.
La legislación aprobada pero todavía sin implementarse, daría la libertad a más de un centenar de presos condenados por intentar en 2017 la separación de Cataluña de España, y el regreso el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, líder del partido Junts.
También el ultraderechista Vox, su socio de gobierno en varias Comunidades Autónomas y municipales, ha desplegado en la contienda europea una andanada de críticas mordaces contra Sánchez y todo el espectro español de izquierdas.
Tanto el PP como Vox enfilaron los cañones, , especialmente, a los cuestionamientos al jefe del Gobierno por los presuntos actos de corrupción de su esposa, Begoña Gómez.
Aunque las acusaciones contra Gómez se basan en recortes de prensa enviados a la justicia por un seudosindicato de extrema derecha, Manos Limpias, el PP y Vox siguieron en su andadura frente a Sánchez.
El PP, por otro lado, minimizó la causa en proceso contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, peso pesado de la organización.
González Amador se declaró culpable de delitos de defraudación al fisco, algo, que sin embargo, el PP consideró una campaña de desprestigio frente a Ayuso impulsada desde el Ministerio de Hacienda.
Tampoco sentó bien al PP el anuncio de Sánchez de que España, junto a Irlanda y Noruega, reconociera un Estado palestino.
El PP intentará en las elecciones europeas subir la cota de 13 diputados en la Eurocámara, en tanto el PSOE espera como mínimo mantener sus 21 escaños en el hemiciclo del bloque comunitario.
De todas las amenazas, el gran peligro y temor es un ascenso de la ultraderecha, una tendencia que parece remarcarse en el llamado viejo continente.