El Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría ha presentado una denuncia penal ante la fiscalía por lo que considera un posible fraude relacionado con la compra de respiradores por valor de unos 965 millones de dólares por parte del gobierno anterior durante la pandemia de COVID-19, según declaró el martes la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán.
El anterior gobierno húngaro, encabezado por el ex primer ministro Viktor Orbán, compró aproximadamente 17.000 respiradores a China entre marzo y abril de 2020, lo que generó críticas en su momento por comprar muchas más unidades de las que se podían desplegar de forma realista y pagar mucho más por unidad que otros países europeos.
En un vídeo publicado en Facebook el martes, el ministro de Asuntos Exteriores, Orbán, que no tiene parentesco con el ex primer ministro, afirmó que los resultados de una investigación del ministerio sobre la compra “generan sospechas de incumplimiento del deber fiduciario, lo que ha provocado pérdidas financieras especialmente sustanciales y otros delitos penales”.
No dio detalles sobre las acusaciones específicas, pero señaló que la investigación involucró decenas de miles de documentos algunos de los cuales tuvieron que ser recuperados utilizando herramientas digitales “después de intentos fallidos de eliminarlos” y planteó más interrogantes “sobre la responsabilidad de la antigua alta dirección del ministerio”.
Un comunicado publicado el martes en la página web del gobierno húngaro señalaba otras presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de respiradores, entre ellas que la mayoría de las unidades se compraron a través de empresas intermediarias cuyos ingresos aumentaron exponencialmente debido a la transacción.
Algunos de los respiradores eran defectuosos y una proporción significativa de ellos nunca se utilizó, según reza el comunicado, que añade que los costes de almacenamiento de los dispositivos no utilizados ascendieron a millones de dólares.
El exministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, cultivó estrechos lazos con China durante sus casi 12 años en el cargo, y supervisó la compra de respiradores, así como la adquisición de 5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, producida en China.
El mes pasado, Szijjártó renunció a su escaño en el Parlamento para asumir un cargo ejecutivo en el fabricante de automóviles chino BYD, lo que provocó acusaciones de conflicto de intereses debido a su papel en la facilitación de importantes subsidios gubernamentales otorgados a la empresa mientras ocupaba el cargo.
Posteriormente, el gobierno húngaro inició una investigación sobre las grandes inversiones realizadas por BYD en Hungría durante el mandato de Szijjártó.