Las conclusiones se darán a conocer justo un día después de que el parlamento danés deba finalizar la legislación sobre indemnizaciones para las mujeres afectadas, lo que plantea interrogantes sobre cómo encajará la evaluación de responsabilidades de los informes con la respuesta actual de Dinamarca.
Groenlandia presentará el viernes 28 de agosto dos informes largamente esperados que examinan las violaciones de derechos humanos vinculadas a casos históricos en los que mujeres y niñas groenlandesas fueron sometidas a la inserción de dispositivos intrauterinos (DIU) y otras formas de anticoncepción, incluyendo si las acciones de Dinamarca podrían ajustarse a la definición legal de genocidio.
Un dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo que se coloca en el útero para prevenir el embarazo. Más de 4.000 mujeres y niñas groenlandesas se sometieron a la inserción de DIU durante una campaña de anticoncepción liderada por Dinamarca que comenzó en la década de 1960, y muchas afirmaron posteriormente que no habían sido informadas adecuadamente o que no habían dado su consentimiento.
Las conclusiones se darán a conocer justo un día después de que el parlamento danés deba finalizar la legislación sobre indemnizaciones para las mujeres afectadas, lo que plantea interrogantes sobre cómo encajará la evaluación de responsabilidades de los informes con la respuesta actual de Dinamarca.
Dinamarca gestionó el sistema sanitario de Groenlandia hasta 1992. En 2024, el gobierno autónomo de Groenlandia solicitó a expertos independientes que investigaran si el Estado danés había cometido un genocidio y violado el derecho internacional.
Como sociedad, debemos tener todos los hechos sobre la mesa, pero también debemos encontrar maneras de avanzar juntos. Por lo tanto, la investigación también abordará cómo el trauma causado por el caso de la anticoncepción ha afectado a la sociedad a lo largo de generaciones», escribió el gobierno de Groenlandia en un comunicado en 2024.
Los resultados se publicarán el viernes
La nueva investigación es independiente de un informe histórico conjunto danés groenlandés publicado en septiembre de 2025, al que siguió una disculpa pública de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Si bien aquella investigación reconstruyó lo sucedido y cómo se llevó a cabo el programa de anticoncepción, los nuevos informes analizan cómo deben interpretarse esas prácticas desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional.
Qué abarcarán los informes
Según expertos legales, los informes que se publiquen el viernes no establecerán por sí solos una responsabilidad jurídica vinculante.
Los informes no tendrán un efecto jurídico estricto. Sin embargo, dependiendo de los resultados, podrían dar lugar a acciones políticas, declaró Sune Klinge, profesor asociado especializado en derecho constitucional de la Universidad de Copenhague.
Algunos expertos afirman que es improbable que el caso cumpla con los requisitos legales para ser considerado genocidio.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio [de las Naciones Unidas], junto con la jurisprudencia, constituirá la base legal para determinar la responsabilidad por genocidio.
El genocidio se fundamenta en la intención específica del perpetrador de cometer los actos porque no reconoce el derecho del grupo a existir como tal, declaró Frederik Harhoff, experto en derecho internacional de la Universidad del Sur de Dinamarca y exjuez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de las Naciones Unidas.
“Por lo tanto, es improbable que el informe concluya que se produjo un genocidio, y si alguno de los dos informes llega a esa conclusión, está equivocado”, añadió Harhoff.
También afirmó que, si bien un informe público puede ser indicativo, la responsabilidad penal por genocidio solo puede ser establecida por un tribunal competente.
Los informes también podrían identificar otras violaciones de los derechos humanos internacionales o de los derechos de los pueblos indígenas, lo que aún podría influir en la respuesta política y jurídica al caso.
Por lo tanto, su importancia puede residir en parte en lo que los gobiernos, las mujeres afectadas y los tribunales decidan hacer posteriormente con las conclusiones.
“Dado que no se puede establecer el genocidio por falta de la intención especial requerida, la violación de los derechos humanos de las mujeres se vuelve esencial”, agregó Harhoff.
¿Por qué hay dos informes?
Groenlandia designó inicialmente a un grupo de expertos compuesto por cuatro personas para llevar a cabo la investigación sobre derechos humanos.
Sin embargo, el grupo se dividió posteriormente en dos debido a lo que el gobierno ha descrito como “desacuerdos sobre el enfoque profesional”, lo que provocó que Groenlandia recibiera finalmente dos informes en lugar de uno.
El gobierno de Groenlandia afirmó que ambos informes fueron sometidos posteriormente a una revisión externa de su metodología y estándares académicos.
No se ha revelado si el desacuerdo se extendió a las conclusiones de los expertos ni quiénes fueron los autores de cada uno de los dos informes.
Un experto instó a que los informes se publicaran cuanto antes.
El momento de la publicación ya ha suscitado críticas, ya que Dinamarca está avanzando con su legislación sobre indemnizaciones antes de que las evaluaciones se hagan públicas.
Los informes ya estaban terminados y se entregaron al gobierno de Groenlandia en febrero, pero su publicación se retrasó mientras se traducían, se sometían a revisión por pares y se preparaban para su difusión pública.
El parlamento danés tiene previsto celebrar la votación final del proyecto de ley de indemnización el jueves, un día antes de que el gobierno de Groenlandia presente los informes.
Según el plan propuesto, las mujeres que reúnan los requisitos y que hayan sido sometidas a métodos anticonceptivos sin su consentimiento durante el período en que Dinamarca era responsable de la atención sanitaria de Groenlandia tendrían derecho a 300.000 coronas danesas (40.000 euros).
A principios de este mes, Jonas Christoffersen, uno de los expertos encargados de investigar el caso, instó al gobierno de Groenlandia a publicar los informes antes de que el parlamento danés finalizara su legislación sobre indemnizaciones, argumentando que los legisladores deberían tener acceso a las conclusiones antes de aprobar la ley.
Resulta fundamentalmente cuestionable que, en una democracia, el Parlamento danés apruebe una ley sin conocer los informes elaborados por personas independientes. Por lo tanto, el Gobierno de Groenlandia debería publicar inmediatamente dichos informes, al tiempo que el Parlamento danés debería tener conocimiento de ellos, para que todo el asunto pueda debatirse con pleno conocimiento de causa, escribió Christoffersen en un comunicado.
“Este caso ha dañado la relación entre Dinamarca y Groenlandia, y en mi opinión, lo mejor para todos es que haya total transparencia al respecto”, añadió.
Harhoff también considera un “error” la decisión del parlamento de seguir adelante con el proyecto de ley sin esperar los informes.
Sin embargo, afirmó que el plan de compensación no impediría que las mujeres groenlandesas emprendieran nuevas acciones legales si los informes identifican violaciones más amplias de los derechos humanos o responsabilidad por parte de Dinamarca.
Klinge también afirmó que los políticos daneses “siempre son libres de modificar las leyes y ampliar el programa”, al tiempo que señaló que 300.000 coronas danesas ya se sitúan en el extremo superior de las indemnizaciones concedidas en casos similares.
A principios de este mes, la ministra de Sanidad danesa, Ida Auken, declaró que el gobierno no quería esperar a los informes antes de que el parlamento aprobara un plan de compensación para las mujeres groenlandesas afectadas por el caso de los anticonceptivos.
“Para nosotros, ha sido absolutamente crucial no demorar nada. Las mujeres han esperado lo suficiente”, declaró Auken a la agencia de noticias local Ritzau.