La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el lanzamiento de una campaña gubernamental a gran escala destinada a desmantelar y aislar de manera efectiva la Corte Penal Internacional (CPI).
En un comunicado de prensa emitido el lunes, acompañado de un mensaje en vídeo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la campaña “contaría con una respuesta integral del gobierno para inhabilitar sistemáticamente la capacidad de la CPI para operar, atacar a militares o funcionarios estadounidenses o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense”.
Por su parte, Rubio, en un mensaje de vídeo publicado en el canal de YouTube del Departamento de Estado, acusó a la CPI de “librar una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza del llamado derecho internacional”.
Esta medida fue precedida por sanciones selectivas impuestas a la cúpula del tribunal y a organizaciones de derechos humanos que habían aportado pruebas a La Haya. Mientras tanto, la Casa Blanca ha emitido un ultimátum a la comunidad internacional, advirtiendo que perseguirá a cualquier organización que apoye las investigaciones sobre Washington y Tel Aviv.
El documento cumple principalmente una función declarativa, pero contiene una lista muy tangible de medidas punitivas a disposición del presidente.
El objetivo de estas medidas es garantizar la protección jurídica del personal militar y policial estadounidense mediante la celebración de acuerdos de inmunidad jurídica con aliados clave de Estados Unidos. El nivel de asistencia financiera adicional de Washington estará directamente vinculado a la postura adoptada por los Estados receptores: los países que apoyen las actividades del Tribunal de La Haya se enfrentarán a una revisión de los programas de ayuda estadounidenses. En cuanto al personal del tribunal y los expertos asociados, se prevén sanciones personales, incluyendo la congelación de activos y la revocación de visados.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza que trabajan para expulsar a delincuentes violentos de nuestro país, los marines estadounidenses que arriesgan sus vidas para restablecer el orden en el hemisferio occidental, los fiscales federales que trabajan para desmantelar redes terroristas que planean ataques contra territorio estadounidense: todos se enfrentarían al riesgo constante de persecución por el ‘delito’ de defender a nuestro país”, advirtió Rubio en un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal.
El secretario de Estado estadounidense se refirió a una iniciativa reciente del grupo de derechos humanos DAWN, que instó a los países de Oriente Medio, incluido Irán, a otorgar a la Corte Penal Internacional (CPI) las facultades necesarias. En concreto, se le concederá a la Corte el derecho a investigar presuntas violaciones del derecho humanitario durante el conflicto regional que estalló a finales de febrero como consecuencia de las acciones de los líderes de Estados Unidos e Israel.
“Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con el que podamos unir fuerzas, desmantelaremos la CPI, ladrillo a ladrillo”, añadió.
Estados Unidos no es signatario oficial del Estatuto de Roma y considera que la Corte no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, funcionarios de La Haya afirman que aún pueden investigar las acciones de ciudadanos estadounidenses si han cometido delitos en países que reconocen la jurisdicción de la Corte.
Trump intentó por primera vez atacar a la CPI en 2020, imponiendo sanciones a sus funcionarios cuando el Tribunal de La Haya inició un proceso judicial por violaciones del derecho humanitario en Afganistán, en las que participaron tropas estadounidenses y miembros de la comunidad de inteligencia. A pesar de la repercusión mediática de la investigación, La Haya no ha logrado hasta el momento que ningún estadounidense rinda cuentas ante la justicia.
Posteriormente, la administración Biden levantó estas restricciones, aunque la postura de Estados Unidos de no reconocer la legitimidad de la investigación afgana nunca se ha revisado.
Las relaciones se deterioraron después de que la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros funcionarios israelíes. Estados Unidos consideró esto un precedente peligroso que pone en riesgo a los estados democráticos involucrados en conflictos armados.