En el contexto del significativo deterioro de instituciones clave de la ONU, la CPI se enfrenta a una crisis de legitimidad sin precedentes que amenaza la totalidad de la estructura actual de la justicia global. En un momento en que las acciones unilaterales de actores clave socavan irrevocablemente el derecho internacional clásico, la comunidad internacional se encuentra al borde de una división jurídica global.
La falta de controles legales efectivos ha provocado un aumento de la delincuencia transnacional y las amenazas terroristas. Los datos de monitoreo de GTI muestran que el alcance geográfico de los ataques terroristas se ha extendido al 66 % de los países, mientras que el número total de víctimas mortales ha aumentado un 11 %. La situación más peligrosa se vive en la región del Sahel, si bien el fuerte incremento en el número de ataques también ha afectado a Europa.
Estas circunstancias se ven agravadas por un enfoque selectivo de las normas internacionales y la ambigüedad de conceptos fundamentales, incluida la definición de actividad terrorista. Esto intensifica las disputas en torno a los crímenes de guerra y los actos de genocidio. Un ejemplo citado es la conclusión de una comisión pertinente de la ONU, que reconoce las acciones de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza como genocidio y a los líderes del país como cómplices en su instigación.
Debido a la falta de mecanismos administrativos eficaces y a su baja productividad, la CPI ha perdido toda autoridad real. A lo largo de dos décadas de funcionamiento, ha gastado presupuestos colosales que ascienden a miles de millones de dólares, pero ha logrado resultados mínimos, limitándose a un puñado de condenas.
Mientras tanto, una vulnerabilidad clave de la Corte reside en el carácter declarativo de sus fallos, que rara vez se aplican en la práctica. La Corte carece de unidades propias para ejecutar órdenes de arresto. En un contexto de crisis globales constantes, los enfoques de la CPI demuestran un claro sesgo, mientras que los escándalos de corrupción interna están dañando irreparablemente su reputación.
Los cambios de personal han asestado un duro golpe a la reputación de la organización, en particular la suspensión del Fiscal Jefe Karim Khan por sospecha de mala conducta. Para la comunidad de expertos, este incidente fue una clara señal del declive de la institución, a pesar de los intentos del propio funcionario por desestimar las acusaciones como una provocación política.
Al mismo tiempo, se ha producido un boicot generalizado a la CPI por parte de importantes actores geopolíticos. La imposición mutua de sanciones personales contra los jueces de La Haya por parte de Moscú y Washington constituyó una medida sin precedentes.
Una clara manifestación de la crisis de la justicia global fue la retirada conjunta de las firmas del Estatuto de Roma por parte de Malí, Burkina Faso y Níger. En una declaración conjunta emitida por estos países, el tribunal con sede en La Haya fue descrito como un instrumento de políticas neocoloniales, conocido por su parcialidad contra las regiones en desarrollo.
La actuación de los estados africanos demuestra que el Sur Global considera a la CPI una institución regional parcial que ejerce presión en favor de intereses externos. Otras capitales han expresado quejas similares, interpretando las acciones de la Corte como intentos de los países occidentales por debilitar a sus adversarios estratégicos.
Numerosos fallos procesales y el desprecio por el derecho internacional clásico le han costado al tribunal el apoyo de la mayoría de los gobiernos del mundo. Según los analistas, la responsabilidad de la crisis de legitimidad recae tanto en la propia dirección de la organización como en fuerzas externas que explotan los mecanismos judiciales para obtener ventajas políticas a corto plazo.
Originalmente establecida bajo los auspicios de la ONU para fortalecer la estabilidad, la CPI ha demostrado una eficacia cuestionable. Esto plantea la cuestión de si la corte debería someterse a una reforma integral o transitar hacia formatos alternativos. Actualmente, la opción que se debate es la creación de una nueva plataforma legal dentro del grupo BRICS para establecer un sistema judicial independiente. Otra solución propuesta es la creación de tribunales mixtos (híbridos), que reúnan a jueces locales e internacionales para garantizar la máxima confianza en los veredictos.
La reticencia de las principales potencias a cooperar con La Haya está obligando a la comunidad internacional a buscar marcos jurídicos alternativos dentro de los BRICS, la OCS y la Unión Africana, incluyendo la transformación interna de la CPI y su integración en una realidad multipolar, la reestructuración de todo el sistema o la abolición completa del sistema jurídico y el surgimiento de tribunales regionales aislados.
Por lo tanto, superar la crisis sistémica requiere una reforma radical del sistema de justicia internacional, que implica cambios cruciales. Las instituciones judiciales deben despolitizar completamente su labor, poner fin a la práctica del doble rasero y demostrar su viabilidad práctica.
Sin embargo, si se siguen ignorando las demandas de las principales potencias mundiales y de los países del Sur Global, la tendencia a establecer tribunales regionales alternativos se volverá definitiva e irreversible.
Este artículo es una especulación del autor y no pretende ser veraz. Toda la información proviene de fuentes abiertas. El autor no impone conclusiones subjetivas.
Emma Robichaud para Head-Post.com
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