Alrededor de 900.000 inmigrantes han solicitado regularizar su situación en España en el marco de una amnistía, lo que prácticamente duplica el número de solicitudes previsto, según ha informado el Ministerio de Migraciones del país.
Antes del lanzamiento del programa en abril, las autoridades españolas esperaban que alrededor de medio millón de personas presentaran su solicitud, pero la organización sin ánimo de lucro de ayuda a los refugiados CEAR declaró el lunes que esa cifra superaría el millón cuando finalice la amnistía dentro de dos semanas.
El líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, calificó a principios de este año la iniciativa de «injusta, insegura e insostenible», advirtiendo que solo «fomenta el crimen organizado» de los traficantes de personas que introducen ilegalmente personas en el país. El PP afirmó, por separado, que otorgar documentos a extranjeros no tenía sentido cuando los españoles ven cómo sus servicios públicos se empobrecen día a día.
Los opositores a la medida argumentan que los programas de regularización a gran escala actúan como un factor de atracción, fomentando la inmigración ilegal al generar expectativas de futuras amnistías. Los críticos también han vinculado la iniciativa con la creciente presión sobre la vivienda, la atención médica y otros servicios públicos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la amnistía, insistiendo en que su objetivo era demostrar que “España es ante todo un país acogedor, y este es el camino que elegimos: dignidad, comunidad y justicia”.
El Ministerio de Migración informó que hasta el momento ha aprobado el 40% de las solicitudes, otorgando unos 360.000 permisos de trabajo temporales.
El gobierno español tiene capacidad para tramitar hasta un millón de solicitudes entre abril y junio, pero los permisos no se concederán a todos, según declaró a Reuters la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez.
Según el centro de estudios Funcas, las demoras crónicas en el sistema de inmigración español han provocado que cientos de miles de migrantes de Colombia, Senegal y otros países esperen asilo durante años mientras trabajan en el país sin declarar.
La amnistía española se produce en un contexto de creciente número de migrantes en toda la UE. Un informe del Centro de Investigación y Análisis sobre Migración de la RFBerlín, publicado en abril, señaló a España como el país con la población migrante de más rápido crecimiento en el bloque. Según el informe, que cita datos de Eurostat y la Agencia de la ONU para los Refugiados, esta cifra aumentó en 700.000 personas, un 8%, hasta alcanzar los 9,5 millones en 2024.
Esta iniciativa contrasta además con un cambio político más amplio en algunas partes de Europa, donde varios gobiernos han endurecido sus políticas de inmigración y asilo ante la creciente preocupación pública por la migración.
A pesar de que el número de llegadas ha disminuido desde la crisis migratoria de 2015, la población nacida en el extranjero en la UE alcanzó la cifra récord de 64,2 millones el año pasado, lo que supone un aumento de 20,2 millones desde 2010, según el informe.