Alrededor de 300.000 profesionales de la salud tradicional en Sudáfrica siguen estando prácticamente sin regular debido a años de retrasos en la aplicación de disposiciones clave de la ley, lo que crea un prolongado fallo regulatorio en el sector, según declaró el martes la Comisión Parlamentaria de Salud del Parlamento sudafricano.
El comité afirmó que el hecho de no haber puesto en marcha el Consejo Provisional de Profesionales de la Salud Tradicional de Sudáfrica ha dejado un vacío legal y normativo casi dos décadas después de la aprobación de la Ley de Profesionales de la Salud Tradicional de 2007.
La presidenta del comité, Faith Muthambi, afirmó que la situación ya no era aceptable.
“No es aceptable que el Parlamento aprobara una ley en 2007, estableciera un consejo estatutario en 2014 y, 12 años después, las disposiciones fundamentales de esa ley sigan sin implementarse”, dijo Muthambi.
Los parlamentarios advirtieron que la ausencia de regulaciones y de un registro nacional funcional significa que no existe un sistema eficaz para verificar o supervisar a los profesionales, lo que deja a las comunidades expuestas a prácticas no reguladas y potencialmente dañinas.
El comité señaló que, a pesar de tener el mandato de supervisar a unos 300.000 practicantes de medicina tradicional, el consejo sigue funcionando con una financiación limitada de unos 6,7 millones de rands en 2024, cifra que se prevé que se mantenga por debajo de los 10 millones de rands en los años siguientes.
Los legisladores afirmaron que el modelo de financiación, que presupone la sostenibilidad financiera mediante las tasas de inscripción, no es realista dado que muchos profesionales trabajan en comunidades rurales y económicamente vulnerables.
El comité también expresó su preocupación por lo que describió como la incapacidad del consejo para demostrar un progreso cuantificable en la regulación del sector o en la protección de los sistemas de conocimiento indígenas.
También señaló la falta de integración de la medicina tradicional en reformas sanitarias más amplias, incluido el marco del Seguro Nacional de Salud, y la ausencia de presupuestos específicos para la investigación, la protección de la propiedad intelectual y el desarrollo de productos.
También se destacaron las preocupaciones en materia de seguridad pública, incluidos los continuos informes sobre certificados médicos fraudulentos y la incapacidad de tomar medidas contra los profesionales no registrados.
“La inexistencia de un registro de profesionales impide que el consejo cumpla con su mandato fundamental de proteger al público”, declaró el comité.
Los parlamentarios también criticaron el estatus provisional que el consejo ha mantenido desde 2014, afirmando que ha debilitado la rendición de cuentas y retrasado el desarrollo institucional.
“Cuando se nombra a personas para una institución, heredan su historia y sus fracasos. La rendición de cuentas no se reinicia con los nuevos nombramientos”, dijo Muthambi.
El Departamento de Salud y el consejo informaron a los parlamentarios que las demoras se debían a retrasos en la tramitación de trámites regulatorios, dificultades en la adquisición de materiales y limitaciones de capacidad, y confirmaron que se está tramitando un proyecto de ley de enmienda para formalizar el consejo y ampliar su mandato.
Sin embargo, el comité rechazó las explicaciones por considerarlas insuficientes y exigió la presentación de informes detallados por escrito, incluidos estados financieros, cronogramas regulatorios y un plan de implementación claro para establecer una autoridad plenamente operativa.