Desde que la medida de amnistía para migrantes en España entró en vigor el pasado martes, se ha visto a decenas de miles de migrantes indocumentados haciendo cola en más de 400 centros de registro en todo el país.
La iniciativa, cuyo objetivo es regularizar la situación de medio millón de migrantes indocumentados, se formalizó en una reunión del gabinete el martes pasado antes de la apertura del plazo de solicitud el jueves. El programa que se puso en marcha en enero y finalizó a principios de este mes, ofrece a los migrantes sin estatus legal un permiso de residencia renovable por un año, siempre que hayan residido en el país durante cinco meses y no tengan antecedentes penales.
En los primeros días tras la apertura oficial del registro, decenas de miles de migrantes fueron fotografiados esperando durante horas frente a las oficinas de registro y los centros de procesamiento temporal en Cataluña, Andalucía y Asturias. Muchos acamparon durante la noche para conseguir un lugar en la cola, ansiosos por completar los formularios necesarios para regularizar su situación. A 21 de abril, 42.790 solicitantes habían presentado solicitudes en línea para iniciar el proceso de regularización desde su apertura el jueves anterior.
Los solicitantes deberán demostrar antes del 30 de junio de 2027 que han residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y deberán acreditar que no tienen antecedentes penales. Quienes cumplan los requisitos recibirán un permiso de residencia de un año, renovable.
Los solicitantes de Madrid y Barcelona describieron el proceso como fluido, aunque algunos criticaron los largos tiempos de espera incluso cuando tenían cita.
Una solicitante hondureña describió haber dormido en el suelo mientras esperaba y añadió: «Un grupo muy grande de personas casi me pisotea… Arriesgamos nuestras vidas, pero valdrá la pena». Nubia Rivas, una migrante venezolana de 47 años que presentó su solicitud en una oficina de correos en el centro de Madrid, dijo: «Es bastante sencillo, ya que pedí cita online y me dieron una para esta mañana. El proceso aquí es un poco lento, pero avanza sin problemas».
El gobierno estima que hay 500.000 inmigrantes indocumentados viviendo en España, pero el centro de estudios Funcas eleva la cifra a 840.000.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la medida de «acto de justicia y necesidad», argumentando que quienes ya viven y trabajan en España deberían «hacerlo en igualdad de condiciones» y pagar impuestos. Ante el envejecimiento de la población, el Gobierno afirma que España necesita más trabajadores para sostener su creciente economía y financiar los servicios sociales.
“España está envejeciendo… Sin más personas trabajando y contribuyendo a la economía, nuestra prosperidad se ralentiza y nuestros servicios públicos se resienten.”
Las enormes colas llevaron a los funcionarios de inmigración a amenazar con ir a la huelga a partir del lunes, advirtiendo que no se habían asignado recursos suficientes para gestionar el proceso, aunque finalmente la huelga se evitó tras las negociaciones con el gobierno.
Las críticas a Sánchez por parte de los partidos de la oposición también se han intensificado. Santiago Abascal, líder del partido nacionalista antiinmigración Vox, respondió a la decisión escribiendo en redes sociales que Sánchez “odiaba” a su propio pueblo y estaba “acelerando la invasión”.
El Partido Popular (PP) también se opuso a la amnistía, y la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, declaró que la amnistía era “mala para quienes han cumplido la ley, para quienes aún están por venir; es mala para los ciudadanos en general, que ven cómo se deterioran los servicios públicos sin que el gobierno haga nada al respecto”.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, declaró: Son personas que viven entre nosotros, cuyos hijos van al colegio con los nuestros, que dan vida a nuestros pueblos y a nuestras calles, y que, a partir de hoy, podrán disfrutar de plenos derechos con garantías y cumplir con sus obligaciones». Añadió que el decreto supone un hito importante y un gran día para nuestro país, y afirmó que España está actuando como un faro en el esfuerzo global por contrarrestar el creciente sentimiento antiinmigración.
En los últimos años, la población del país ha crecido significativamente, con aproximadamente 10 millones de personas nacidas fuera del país, lo que representa uno de cada cinco residentes. Muchos de ellos provienen de Colombia, Venezuela y Marruecos, huyendo de la pobreza, la violencia o la inestabilidad política.
Además, España contrasta notablemente con las posturas predominantes sobre inmigración en otros Estados miembros, donde los esfuerzos por frenar las llegadas y aumentar las deportaciones están en auge.