El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa, consideró que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) está excediendo su mandato en un informe sobre México.
“El CED está excediendo su mandato al presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada”, apuntó el funcionario a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.
Ochoa subrayó que esta es una de las pocas naciones en el mundo que ha ratificado las nueve convenciones universales y las nueve regionales de derechos humanos. “Tenemos un historial ejemplar en cooperación con el sistema internacional”, destacó al agregar que su país es uno de los 78 que ratificó la Convención de Desaparición Forzada y uno de los 30 que acepta la jurisdicción” del CED para comunicaciones individuales.
Catalogó la cooperación del gobierno mexicano con el Comité como “ejemplar e inmensa” y recordó que esta fue la primera nación en aceptar una visita in situ de ese organismo en 2021 y ha respondido a todas sus solicitudes de información.
“México no niega los desafíos que enfrenta en esta materia”, aseguró el funcionario, al agregar que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha instrumentado políticas públicas y cambios legislativos considerados ejemplos para otros Estados.
Añadió que México mantiene una estrecha cooperación técnica con diversos países, así como con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de Naciones Unidas para hacer frente a este flagelo.
“Seguiremos abiertos a la cooperación y no nos cerramos a colaborar en la atención de este doloroso tema. México continuará cooperando con el sistema internacional, en un marco de diálogo, privilegiando el análisis objetivo y riguroso”, recalcó.
Ayer el Gobierno rechazó el mencionado informe del Comité, calificó el documento de tendencioso y subrayó que omite avances contra ese flagelo desde 2018.
Para enfrentar ese delito, el Ejecutivo impulsó la aprobación en julio del año pasado de modificaciones sustanciales a la ley, así como “herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente”.
Entre estas, sobresale la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.