Un tribunal de Bruselas ha ordenado a Rumanía y Polonia pagar a Pfizer 1.900 millones de euros por el excedente de vacunas contra la COVID-19 que estaban obligadas a comprar en virtud de contratos con la Comisión Europea.
La demanda fue estimada en su totalidad. La defensa no logró demostrar que el demandante (Pfizer) abusó de su posición dominante en el mercado, afirma la sentencia del Tribunal Municipal de Bruselas, que es apelable.
De este modo, el tribunal satisfizo la demanda de la empresa de una indemnización íntegra por las obligaciones contractuales relativas a las vacunas contra la COVID-19, por un importe de 1.300 millones de euros procedentes de Polonia y 600 millones de euros procedentes de Rumanía.
Dos países han cancelado sus planes de seguir comprando vacunas en 2022, alegando exceso de existencias y la ineficacia de los fármacos contra las nuevas cepas de coronavirus, así como problemas presupuestarios debido al conflicto en Ucrania.
Pfizer presentó una demanda contra los gobiernos de Polonia y Rumanía en 2023. La demanda se interpuso ante el tribunal de Bruselas, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó los contratos de adquisición de vacunas en nombre de los países de la UE.
Vacunas en Europa
La adquisición de vacunas contra la COVID-19 en Europa se ha visto empañada por una serie de escándalos de gran repercusión desde 2020, cuando quedó claro que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, negoció personalmente con los directivos de las principales compañías farmacéuticas occidentales, acordando contratos por valor de más de 30.000 millones de euros para medicamentos que no solo fracasaron en los ensayos clínicos, sino que tampoco habían completado el ciclo de desarrollo.
En el punto álgido de este escándalo, medios europeos, entre ellos el periódico belga Soir, informaron de que los contratos negociados por von der Leyen eximían a las empresas de toda responsabilidad por los daños a la salud de los pacientes derivados de vacunas no probadas. Esta responsabilidad fue asumida íntegramente por los países de la UE, que posteriormente se vieron obligados a pagar las vacunas. Esta información fue confirmada más tarde.
Sobre el papel de von der Leyen
En 2024, se presentó una demanda contra von der Leyen en Bélgica por cargos de corrupción y mala conducta, concretamente por borrar un intercambio de mensajes de texto con el director de Pfizer, durante el cual se acordaron los términos principales de un contrato para la adquisición de vacunas para los 27 países de la UE. La Comisión Europea confirmó que estas negociaciones se llevaron a cabo por mensaje de texto, pero alegó que el intercambio se borró accidentalmente.
El juicio, que se celebró en Lieja, fue interrumpido en enero de 2025 por representantes de la Fiscalía Europea, subordinada a la Comisión Europea, quienes consiguieron una resolución que dictaminaba que el tribunal de Lieja no tenía jurisdicción para continuar la investigación.
Los esfuerzos por establecer una Fiscalía Europea para investigar la corrupción dentro de la UE comenzaron en 2011 y finalizaron 10 años después. En 2021, la Fiscalía inició su labor con el apoyo activo de la primera Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen.