Polonia, Hungría y Rumanía se preparan para afrontar en las próximas semanas una confrontación legal de gran trascendencia en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas en relación con sus obligaciones en virtud del mayor acuerdo de adquisición de vacunas contra la COVID-19 de la Unión Europea.
Las demandas, presentadas por Pfizer y su socio BioNTech, giran en torno a si los tres Estados miembros de la UE siguen estando legalmente obligados a comprar y pagar grandes cantidades de dosis encargadas en el punto álgido de la pandemia; contratos que, según los críticos, se negociaron en condiciones opacas y desfavorables que dejan a los países responsables de vacunas que ya no necesitan.
Se espera que los jueces belgas emitan un veredicto sobre las disputas con Polonia y Rumania a finales de marzo, mientras que la audiencia de Hungría está programada para el 16 de abril. El proceso judicial ilustra cómo, años después del pico de la pandemia, las tensiones en torno a la adquisición de vacunas han pasado de la planificación de la salud pública a costosas batallas legales, con miles de millones de euros en facturas impagadas en juego.
En el centro de la polémica se encuentran los acuerdos de adquisición negociados en 2021 por la Comisión Europea, que aseguraron un contrato marco con Pfizer y BioNTech que abarca cientos de millones de dosis.
Una vez acordados los términos generales, los Estados miembros se adhirieron y realizaron pedidos específicos. Ahora, los países argumentan que estos acuerdos carecían de la transparencia necesaria e imponían compromisos jurídicamente vinculantes, incluso cuando las necesidades de salud pública cambiaban y se acumulaban dosis sobrantes.
Una dimensión política de larga data en esta disputa se centra en Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien participó personalmente en las negociaciones con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. El episodio ha generado importantes críticas bajo el nombre de “Pfizergate”, término utilizado en Bruselas para describir el escándalo en general.
Las investigaciones y las acciones legales se han centrado en los mensajes de texto secretos intercambiados entre von der Leyen y Bourla, que inicialmente no se hicieron públicos en respuesta a las solicitudes de acceso a la información.
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, acusó a la Comisión de “mala administración” por no haber buscado ni conservado los mensajes, y una sentencia del Tribunal General de la UE de mayo de 2025 dictaminó que la Comisión se había negado erróneamente a publicarlos, lo que reforzó la preocupación por la falta de transparencia en la forma en que se celebraron los contratos.
La sentencia del Tribunal General subrayó que las instituciones de la UE deben conservar y divulgar la documentación relativa a las decisiones políticas siempre que sea posible, y criticó la afirmación de la Comisión de que los mensajes de texto eran efímeros y, por lo tanto, no era necesario conservarlos.
Las resoluciones del Parlamento Europeo han reflejado la profunda inquietud entre los legisladores, y algunos han instado a von der Leyen a que ayude a esclarecer las circunstancias o incluso a que se abstenga de presentarse a un nuevo mandato mientras haya investigaciones penales y denuncias pendientes.
Responsabilidad nacional y controversias contractuales
Los recursos legales que ahora se presentan ante el tribunal de Bruselas ponen de relieve las consecuencias prácticas de estas controversias anteriores en materia de contratación pública.
La disputa con Hungría surge de su pedido de 2021 de aproximadamente dos millones de dosis a unos 19,50 euros cada una, con pedidos adicionales en 2022. Posteriormente, Budapest intentó retrasar las entregas en respuesta a las perturbaciones económicas causadas por la guerra de Ucrania y, posteriormente, se negó a pagar, exigiendo Pfizer aproximadamente 60 millones de euros más intereses.
Polonia, que interrumpió las entregas en abril de 2022 debido al exceso de existencias y la disminución de la demanda, se enfrenta a una reclamación mucho mayor: la empresa reclama casi 1.400 millones de euros, más intereses, por unos 60 millones de dosis no entregadas.
Varsovia ha invocado la cláusula de fuerza mayor en relación con la guerra en Ucrania y ha reasignado fondos que se habían reservado para un posible acuerdo a la atención de pacientes, lo que aumenta la preocupación por el impacto fiscal si el tribunal falla a favor de Pfizer.
El caso de Rumanía se deriva de su decisión de cancelar la entrega y el pago de aproximadamente 28 millones de dosis excedentes por un valor de unos 615 millones de euros. Los representantes de Bucarest insisten en que deben aplicarse los principios contractuales y del derecho de la UE en su contexto, y que “la campaña más amplia de Pfizer para presionar a los países de la UE sobre la entrega de los contratos de vacunas contra la COVID-19” no refleja el drástico cambio en las necesidades de salud pública desde que se firmaron los acuerdos.
Por su parte, Pfizer argumenta que los Estados miembros asumieron compromisos firmes durante una emergencia mundial extraordinaria. En un comunicado, la compañía afirmó que buscaba que los gobiernos cumplieran con los “compromisos para los pedidos de vacunas contra la COVID-19 realizados por los gobiernos… en los que Pfizer asumió compromisos sin precedentes en términos de garantías de volumen, producción en Europa y muchos otros aspectos”, y destacó su “extraordinaria flexibilidad” para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
A medida que avancen los procedimientos judiciales, el resultado no solo determinará las responsabilidades financieras inmediatas de tres países de la UE, sino que también podría influir en cómo se estructuren las futuras iniciativas de contratación colectiva para evitar disputas similares.