La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que respalda la postura de México sobre la responsabilidad de los Estados y las empresas privadas en el tráfico ilícito de armas. Así lo anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado.
La Corte confirmó por unanimidad las obligaciones de los Estados y las empresas respecto al tráfico ilícito de armas, considerando su impacto en los derechos humanos. La opinión de la Corte respalda la postura de México sobre este tema, así como los argumentos presentados en el litigio estratégico de nuestro país ante tribunales estadounidenses, señala el documento.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México declaró que el organismo obliga a los Estados a ejercer la debida diligencia en la regulación, supervisión y monitoreo del comercio de armas por parte de empresas privadas.
“Esta opinión refuerza la postura de México de que las empresas desempeñan un papel significativo en el problema de la violencia armada, y sus decisiones comerciales, incluyendo la falta de supervisión y rendición de cuentas, impactan el bienestar de la ciudadanía”, enfatizó la Secretaría. La opinión consultiva se emitió en respuesta a una solicitud de la Ciudad de México en 2022.
En 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda por 10 mil millones de dólares ante el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts contra importantes fabricantes de armas estadounidenses (entre ellos Smith & Wesson e Interstate Arms). México acusó a los fabricantes de prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilegal de armas de fuego a través de la frontera y abastecen a los cárteles mexicanos de drogas.
En junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la demanda por unanimidad, citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, que exime a los fabricantes de responsabilidad por delitos cometidos por terceros que utilicen sus productos.