El Tribunal Constitucional de España ha rechazado un recurso presentado por un padre que pretendía impedir el acceso de su hija de 25 años a la eutanasia, confirmando así su derecho a morir según la legislación del país.
España es uno de los varios países de la UE donde la eutanasia activa y el suicidio asistido son legales. Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo también permiten ambas prácticas bajo estrictas condiciones, mientras que Austria y Alemania permiten la muerte asistida o el suicidio asistido en circunstancias limitadas.
El último caso involucra a Noelia, una mujer barcelonesa de 25 años que quedó parapléjica con dolor crónico tras un intento de suicidio en 2022, en el que sufrió una sobredosis de medicamentos y saltó desde una ventana de un quinto piso, según documentos judiciales citados por medios españoles. Su lesión le provocó parálisis de ambas piernas y lo que se describe como un sufrimiento continuo.
En 2024, una comisión médica especializada aprobó la solicitud de eutanasia de la mujer y se programó el procedimiento para el 2 de agosto. Sin embargo, su padre se opuso a la decisión, argumentando que su enfermedad mental y discapacidades le impedían tomar una decisión informada, y presentó un recurso de apelación. Varios tribunales inferiores respaldaron la decisión de la mujer.
En su sentencia del viernes, el Tribunal Constitucional declaró que no se habían vulnerado los derechos fundamentales en las decisiones anteriores que allanaron el camino de la mujer paralizada hacia la muerte asistida, poniendo fin así a la batalla legal interna. Tras el rechazo del recurso, los abogados de la familia anunciaron su intención de llevar el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Llevaremos el caso de Noelia al Tribunal de Estrasburgo”, declaró Abogados Cristianos, un grupo católico que actúa como representante legal del padre de Noelia, al comentar la sentencia. “Defenderemos su vida hasta el final”.
España legalizó la eutanasia y el suicidio asistido en junio de 2021, lo que permitió a los adultos con enfermedades graves o incurables buscar una muerte médicamente facilitada. Según datos gubernamentales, 426 personas se sometieron a la eutanasia en 2024, un aumento de casi el 48% en comparación con el primer año completo tras la legalización en 2022.
A pesar del amplio apoyo público a la muerte asistida en España, la adopción de la ley fue polémica y provocó un debate entre reformistas liberales y opositores, incluidos partidos políticos conservadores y la Iglesia Católica, que argumentan que devalúa la vida.