El miércoles tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación de agricultores españoles en la que miles de ellos protestaron contra el acuerdo con los países sudamericanos y otras cuestiones acuciantes en la agricultura.
La protesta, organizada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos junto con la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (Unaspi), reunió a miles de personas de todo el país y de otros países europeos en la capital española.
Los organizadores informaron de la participación de alrededor de 8.000 participantes y 500 tractores, mientras que la delegación del gobierno español en Madrid indicó la presencia de 2.500 personas y 367 tractores.
La protesta comenzó temprano en la mañana y continuó hasta la tarde. De 8:00 a 18:00, hubo restricciones generalizadas de tráfico, cierres de calles céntricas y congestión en gran parte de la metrópoli. Había tractores en todas las calles de la ciudad. Las fuerzas de seguridad desplegaron una fuerte presencia policial para garantizar el desarrollo pacífico de la movilización y minimizar los riesgos. Dada la magnitud de la protesta, no se reportaron incidentes.
Los manifestantes portaban pancartas que decían “No a nuestra ruina” y “El campo español no está en venta”, según imágenes publicadas en las redes sociales.
Los agricultores que protestaban exigieron claramente al gobierno y a Europa. Entre ellas, la amenaza del acuerdo MERCOSUR , ya que las importaciones baratas de productos agrícolas sudamericanos podrían presionar el mercado interno y amenazar la existencia de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Los agricultores exigen un apoyo estable y fiable que cubra los costos de producción y proteja el futuro de las zonas rurales.
Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones, afirmó que la movilización pretendía enviar un mensaje a los líderes políticos y advirtió que los tractores podrían regresar si no se revisaban las posiciones. El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, se hizo eco de las críticas, afirmando que la política europea estaba “destruyendo” el sector y pidiendo a los legisladores que cambiaran de rumbo.
Los agricultores también exigen precios justos y condiciones competitivas, ya que muchos costes de producción, como el combustible, los fertilizantes y la ganadería, son elevados en España. En comparación con el mercado internacional, el sector se siente en desventaja. En conclusión, pidieron la protección de la agricultura nacional para garantizar la seguridad alimentaria.
La respuesta del gobierno no fue sorprendente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el acuerdo en el Congreso, calificándolo de “noticia extraordinaria” para la Unión Europea. También prometió indemnizaciones a los agricultores afectados y garantías para limitar las importaciones si los productores nacionales se ven perjudicados.
A pesar de la masividad de las protestas campesinas de los últimos meses, los analistas consideran la movilización española como algo más que la simple acción habitual de un grupo de interés.
Según ellos, la protesta refleja la profunda gravedad de estos problemas y envía una señal clara al gobierno y a Bruselas: sin medidas políticas significativas, España y Europa se arriesgan a perder para siempre un importante sector económico y comunidades rurales vitales.