El plan de regularización masiva que plantea el Gobierno y que beneficiará a medio millón de inmigrantes ha llegado este martes al Parlamento Europeo con un debate en el pleno de Estrasburgo. Por lo pronto, la Comisión Europea ha avisado que la regularización y los permisos de residencia “no pueden ser un cheque en blanco” ni generar tensiones con otros países de la UE.
“Algunas cuestiones siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros y, al mismo tiempo, dicha responsabilidad también significa que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión, y este es un principio general de la Unión Europea”, sostuvo el comisario de Migraciones, Magnus Brunner, en referencia al espacio Schengen; es la zona de 29 países que garantiza la libertad de movimiento.
La medida se llevará a cabo a través de una reforma del reglamento de extranjería pactada con Podemos, y a la cual podrán acogerse todas aquellas personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2025, llevasen al menos cinco meses viviendo en el país.
El procedimiento será ágil y rápido. Se gestionará entre abril y junio de este año y una vez hecha la solicitud, que no tardará en resolverse más de 15 días, se suspenderá automáticamente cualquier proceso de devolución que estuviese pendiente. En España hacía dos décadas que no se impulsaba una regularización de estas características.
La última la llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 concedió la residencia a 572.961 personas con un decreto similar.
En el PPE, el eurodiputado sueco Tomas Tobé arrancó el debate apuntando que Sánchez vive “en una realidad alternativa” y que sus decisiones afectan también en este caso a otros países de la Unión. “Lo hace por contentar a sus socios de extrema izquierda”, sostuvo, antes de pedir a los socialdemócratas en la Eurocámara que no se salgan del pacto migratorio.
Y es que el PP y Vox han sido los más críticos con la medida de Sánchez. Dolors Montserrat aseguró que Sánchez quiere imponer la regularización “por decreto” y es, dice, “un atentando contra la política de migración europea, que dispara el efecto llamada”. Para la dirigente popular los “papeles para todos sin garantizar un futuro” rompen la convivencia “en barrios enteros”.
Así, pidió al comisario Brunner que confronte con la estrategia del Gobierno español; puso como ejemplo las políticas de Grecia para reducir la entrada de inmigrantes irregulares (y reivindicó el papel del PPE liderando el Ejecutivo heleno). “Sánchez es el único que mantiene las puertas abiertas para las mafias”, sentenció; “eso no es integración, es efecto llamada y negocio criminal”. De hecho, acusó al líder del Ejecutivo de “alterar el censo e inflar a los extremos para perpetuarse en el poder”.
Por su parte, Jorge Buxadé fue muy directo. “Sánchez es un peligro para toda Europa”, arrancó, porque, dijo, no se trata solo de seguridad con efectos en los barrios y en las familias, alertó. “La terminal de llegadas de Barajas es un agujero incontrolado”, comentó el dirigente de Vox; “lo que sí sabemos es que colapsarán los servicios sanitarios, absorberán las ayudas sociales y muchos cometerán crímenes”, añadió. Expuso que al Gobierno “le da igual” porque solo aspira, esgrimió, a que “les voten” en las elecciones municipales. Para Buxadé esto es, comentó, “el globalismo”. En su comentario final, concluyó que es “el tiempo de Vox” y que con ellos en el poder, reiteró, “habrá remigración sí o sí”.
Desde el PSOE y las filas socialdemócratas, Iratxe García acusó a la derecha de “apostar por el odio” y de comprar “las tesis del trumpismo”. Al mismo tiempo, recordó las regularizaciones de los Ejecutivos de Aznar e insistió en que el plan de España pasa por “sacar de la clandestinidad” a quienes ya viven en el país y que “merecen los mismos derechos que todos”. No se explicó García, dijo, por qué el PP está en contra de ello y avisó a los populares de que si “compran” la tesis de la ultraderecha será esta quien salga ganando, sentenció.
“Tenemos normas claras para las situaciones que pueden surgir en el contexto de un esquema de regularización en un Estado miembro. Por ejemplo, si se descubre que alguien que posee un permiso de residencia nacional está residiendo ilegalmente en otra parte de la Unión Europea, o si solicita asilo en otra parte de la Unión, debe regresar al Estado miembro que emitió el permiso de residencia”, recordó Brunner, en otro aviso para el Gobierno español.
Además, considera el comisario austriaco que la UE ya ha cogido el buen camino en materia migratoria, y pide no cambiar el rumbo. “Queremos una Unión en la que la migración sea segura, legal y, sobre todo, esté bajo control, bajo el control de la Unión Europea y de sus Estados miembros”, sostuvo, a la vez que defendía el pacto de migración y asilo acordado ya hace casi dos años. “Debemos aplicar las reformas tal como fueron concebidas por los colegisladores, para garantizar que el duro trabajo que el Parlamento, el Consejo y la Comisión pusieron conjuntamente en este acuerdo, en el Pacto, se traduzca en resultados reales que la gente pueda sentir en su vida cotidiana”, terminó.
Irene Montero, por su lado, censuró de manera rotunda los planteamientos de la derecha y la derecha radical. “¿Por qué será que ustedes no quieren que las personas inmigrantes tengan papeles?”, se preguntó, mirando sobre todo a Vox.
“El problema es que ustedes donde nosotros vemos personas, ven esclavos”, esgrimió desde el atril, y llegó incluso a citar la Biblia: “Papeles son derechos”, concluyó la exministra de Igualdad