La situación del mercado de la vivienda lleva años siendo uno de los principales focos de preocupación social y política en España. Pero el aumento incesante de los precios del alquiler y la dificultad para acceder a una vivienda han llevado recientemente a las administraciones a buscar fórmulas para movilizar el parque inmobiliario existente, especialmente en las grandes ciudades.
En este escenario, las viviendas que permanecen vacías durante largos periodos de tiempo han pasado a ocupar un lugar central en el debate público. Aunque durante años su control fue limitado y desigual según el territorio, en los últimos tiempos se ha reforzado la idea de que mantener un inmueble desocupado de forma continuada puede conllevar nuevas consecuencias para sus propietarios.
En este contexto, el Gobierno y, en consonancia, varias comunidades autónomas están endureciendo las obligaciones asociadas a las viviendas vacías. No se trata de una única ley estatal nueva, sino de un conjunto de medidas que refuerzan el control, amplían las inspecciones y permiten aplicar recargos fiscales a quienes mantengan inmuebles sin uso habitual.
Uno de los principales instrumentos es el recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que los ayuntamientos pueden aplicar a viviendas desocupadas durante un periodo prolongado. Este recargo puede alcanzar hasta el 150% de la cuota y ya está siendo utilizado por un número creciente de municipios, especialmente en zonas con alta demanda de vivienda como Barcelona, Madrid o San Sebastián, donde ya se aplica un recargo del 150% en el IBI a viviendas desocupadas desde hace tiempo.
Por ello, poco a poco las administraciones están afinando la definición de qué se considera una vivienda vacía. Para ello, se tienen en cuenta indicadores como la ausencia de empadronados, consumos mínimos de agua o electricidad o la falta de uso acreditado durante meses. En algunos casos, el propietario debe justificar expresamente la situación del inmueble.
A este mayor control se suma el cruce de datos entre distintas administraciones, que permite detectar con más facilidad viviendas desocupadas de forma continuada. Catastro, padrón y registros fiscales se utilizan para verificar la situación real del inmueble y comprobar si cumple los requisitos para ser considerado vacío.
Desde el Ejecutivo insisten en que el objetivo no es obligar a alquilar, sino incentivar que estas viviendas entren en el mercado y aliviar la presión sobre los precios. Sin embargo, para muchos propietarios, este endurecimiento de las normas supone asumir mayores costes y una carga administrativa adicional si optan por mantener la vivienda sin uso.
Una medida que, como era de esperar, no ha sido bien recibida por todos y que algunos interpretan como una limitación a su libertad de decisión sobre el inmueble.