Si algo ha quedado claro en los últimos años es que, mientras no estalla una crisis, apenas se discute sobre quién tiene las competencias en materia de protección civil, si son suficientes los planes de prevención o quién debe decidir la elevación del nivel de emergencia cuando la situación se agrava.
Sin embargo, la gestión de catástrofes como la de los incendios que arrasan buena parte de España puede acarrear consecuencias no solo políticas, sino también en determinados casos judiciales. En este contexto, la pugna entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los territorios afectados y gobernados por el PP ha estado presente desde el inicio de la emergencia, de hecho, la Fiscalía ya investiga si se ha podido producir algún tipo de irregularidad en los planes de los municipios.
Es algo que ya ocurrió con la DANA que arrasó varias poblaciones de la Comunidad Valenciana: se abrió un debate sobre quién debía tomar la decisión de elevar los niveles de emergencia y cómo gestionar las competencias. En este momento, Galicia, Castilla y León y Extremadura tienen varios incendios activos en nivel 2 de emergencia, lo que implica que aunque el mando lo siguen teniendo las autonomías, ya existe una cooperación con el Estado a través de la UME y de las brigadas forestales (BRIF).
El siguiente nivel sería el 3, el más elevado y, en ese caso, sería el Estado el que tomaría el mando y coordinaría a las comunidades. Tanto el Ministerio del Interior como los Gobiernos autonómicos pueden dar el paso de solicitar el nivel 3, no obstante, las comunidades afectadas por los incendios ya han avanzado que no se plantean solicitarlo, puesto que esto no implicaría más recursos, simplemente estar coordinados por el Ministerio del Interior, razonan.
Es algo en lo que está de acuerdo el departamento dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska, que ya apuntó que si la gestión no hubiese sido la “necesaria” o la “adecuada”, teniendo en cuenta los medios que ha puesto el Estado, el Gobierno hubiese “asumido la competencia y elevado” la emergencia al nivel 3. Aunque realmente no existe un desacuerdo entre Gobierno y autonomías al respecto, hay ayuntamientos y algunos partidos, como Podemos, que sí reclaman elevar el nivel de emergencia.
La cuestión es que el nivel más elevado, el 3, supondría quitar las competencias a las comunidades autónomas y, hasta la fecha, solo se ha solicitado una vez: durante el gran apagón del pasado mes de abril. En esa ocasión, fueron ocho comunidades autónomas las que pidieron al Gobierno central subir al nivel 3: Andalucía, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Aunque hubo mucha asimetría según los territorios, la interrupción del suministro se dio a nivel nacional y partía de una caída centralizada del sistema eléctrico.
No obstante, hubo comunidades, como Aragón y Castilla y León, que permanecieron en el nivel operativo 2 de sus planes de protección civil, haciéndose cargo de la emergencia con la ayuda de la UME. En todo caso, en lo que respecta al gran apagón, no hubo debate sobre el traspaso de competencias: las comunidades que lo solicitaron pasaron al nivel 3, por lo que el Ministerio del Interior asumió los mandos de la emergencia.
Los niveles de emergencia
Nivel 0: La emergencia, en este caso los incendios, pueden controlarse con medios locales y su gestión corresponde a las comunidades autónomas.
Nivel 1: Los fuegos pueden afectar a bienes o a la población, pero su gravedad no es tan elevada. La competencia sigue siendo autonómica.
Nivel 2: Son incendios graves y con riesgo elevado para la población, los bienes y las infraestructuras. Le corresponde a las comunidades activar este nivel de emergencia, pero en este punto ya entraría la coordinación del Gobierno para movilizar medios estatales.
Nivel 3: La situación es extraordinaria y supera la capacidad autonómica, por lo que se requiere un mando único nacional. La competencia es del Gobierno central, que podría elevar el nivel de emergencia de oficio o tras la solicitud justificada de una comunidad autónoma.
El choque por los tiempos
En este momento, el debate entre el PSOE y el PP ha trascendido de los niveles de emergencia para trasladarse a las cifras concretas de los medios que llegan a las zonas afectadas y a la agilidad con la que lo hacen, además de los planes de Protección Civil. La ley indica que, en un nivel operativo 2, las autonomías son las competentes de la emergencia, pero ya hay una cooperación con el Estado, que se encargaría de activar la UME y solicitar, en este caso, ayuda a la Unión Europea.
En este sentido, la batalla política se reduce a los tiempos de respuesta y la distribución territorial de los medios. El día 15 de agosto el PP exigió más medios militares y aéreos. Las comunidades del PP no solo reclamaban la acción de la UME, también del Ejército para ayudar en “tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió que ya estaban activados todos los recursos disponibles desde el 12 de agosto, cuando también había solicitado activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Los planes de prevención
Por otro lado, está la batalla sobre la prevención y los planes de protección civil que, en este último caso, ya investiga la Fiscalía. En concreto, indaga en la relación que puede tener la falta de planes de prevención contra los incendios forestales y esta ola de incendios. La Ley de Montes de 2003 establece que las zonas de alto riesgo de incendio deben contar con planes de prevención. Esta norma se actualizó en el año 2022 para incluir un marco de requisitos que tendrían que contemplar estos planes de incendios.
En todo caso, la nueva ley también determina que el Gobierno tiene que elaborar un nuevo decreto -aún pendiente- para establecer esas directrices comunes y básicas para elaborar los planes de prevención, vigilancia y extinción autonómicos. Fuentes de Moncloa reconocen que este decreto aún está pendiente de aprobar, pero aseguran que, en todo caso, los planes de prevención contra los incendios “deberían existir desde el año 2003”, cuando se aprobó la Ley de Montes.
Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia de varios ministros en el Senado, a los que cuestionará sobre las actuaciones de sus ministerios en materia de prevención de incendios forestales en el mundo rural. También se centran en cuestionar las políticas de los distintos ministerios en cuestión de incendios o en la asistencia técnica y coordinación con las comunidades.
Pero en medio de la maraña de acusaciones por los niveles de emergencia, los tiempos y medios para actuar contra los incendios y los planes de protección civil, la crispación política ha subido mucho de tono.
Este mismo jueves, el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, calificó de “pirómana” a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, por sus palabras al insinuar que algunos gobiernos autonómicos han sobreactuado para atacar al Ejecutivo.
Los socialistas le exigieron unas disculpas por ello, al tiempo que acusaron a Feijóo de ser “el político más sucio de este país”.