El gobierno de El Salvador mantiene hoy una política económica contraria a sus promesas de no gastar más de lo que produce.
La víspera, la Asamblea Legislativa, donde el partido Nuevas Ideas, en el gobierno, y sus aliados tienen mayoría de 57 de los 60 diputados, aprobó dos préstamos por 350 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Eso ocurre cuando la deuda pública topó niveles críticos que comprometen gravemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de su población, según el sitio web https://izcanal.org., lo cual al parecer no tiene freno en el país, cualquiera que sean las justificaciones enarboladas por el Gobierno.
Destaca que uno de los préstamos, por 100 millones de dólares, es para disponer de fondos para atender emergencias ante desastres.
Es una herramienta financiera que permite mejorar la capacidad del país en la planificación y gestión de crisis, garantizando el acceso a financiamiento de manera inmediata con condiciones concesionales antes de que se produzca un desastre, indicó un informe de los proponentes.
El Salvador, agregó el documento, por su condición geográfica, enfrenta constantemente riesgos como huracanes, tormentas tropicales y terremotos, razón por la que el Gobierno destaca la necesidad de contar con herramientas financieras confiables para gestionar eficazmente emergencias y garantizar la estabilidad macroeconómica.
Algunos analistas estiman que al presidente Nayib Bukele le será difícil enrutar la economía, pues su administración se destaca por ser muy gastadora.
La deuda pública topó niveles críticos que comprometen gravemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de su población, plantea Izcanal.org.
Con 33 mil 130 millones registrados en abril de 2025, equivalentes al 89.2 por ciento del PIB, el país enfrenta una crisis fiscal, cuyas dimensiones trascienden los números para convertirse en una amenaza directa al bienestar social y al futuro económico nacional, estimó la publicación en internet.
Valoraciones como la del economista Rafael Lemus identifican un “problema sistémico” en la gestión presupuestaria: la administración Bukele convirtió los presupuestos aprobados en puntos de partida en lugar de límites del gasto público.
En 2024, el presupuesto votado fue de nueve mil 68.7 millones, pero terminó ejecutándose en 13 mil 141.20 millones, un alarmante incremento del 45 por ciento, o sea, el Gobierno gasta más que lo aprobado.
Todo indica que la tendencia es seguir aumentando la deuda pública, aunque esto afecte a renglones prioritarios del país como la salud y la educación.