El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, condenó hoy los ataques a la Corte Constitucional de Ecuador, luego de una marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa contra decisiones del organismo.
“Los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador son inaceptables. Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, señaló Turk en declaraciones compartidas en la cuenta de X de la Oficina Regional del Alto Comisionado para América del Sur.
También la relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, hizo un “llamado para evitar que se instrumentalice la protesta a voluntad de actores de poder”.
Asimismo, Romero instó a impedir que se manipulen necesidades de la ciudadanía o intereses de los movimientos sociales para justificar “hostigamientos” contra el poder judicial.
Este martes Noboa lideró una movilización en Quito para expresar su rechazo a la decisión de la Corte de suspender temporalmente artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.
Uno de los temas más polémicos de la marcha fue la presencia de vallas con las imágenes de los magistrados constitucionales acompañadas de la frase “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
La Corte Constitucional emitió un comunicado oficial en el que rechazó la exhibición pública de sus integrantes y advirtió que colocar sus rostros en vallas publicitarias constituye una forma de “estigmatización” que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal.
Entretanto, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) manifestó hoy su “profunda preocupación” ante hechos que impactan negativamente en la institucionalidad del Ecuador.
El pronunciamiento de la CNJ, firmado por su titular José Suing, recordó que el Estado de derecho se sustenta en el principio de legalidad, que implica la división de poderes, el sometimiento de las autoridades a la ley y el respeto pleno de los derechos fundamentales.
Las tensiones entre el Ejecutivo ecuatoriano y la Corte Constitucional se recrudecieron desde que el organismo judicial frenó las tres leyes del interés del oficialismo.
Estas suspensiones ocurrieron después de que organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, así como ciudadanos, presentaran más de 30 demandas de inconstitucionalidad contra de las normativas.
Noboa y otros voceros gubernamentales han atacado a la Corte Constitucional bajo el argumento de que sin esas normativas carecen de herramientas para enfrentar la crisis de seguridad.