Zelensky rechazó el pedido del presidente estadounidense Donald Trump de concesiones territoriales a Rusia, afirmando que el pueblo ucraniano no aceptaría ningún acuerdo de ese tipo.
El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, visitó Moscú esta semana y, según se informa, logró un progreso significativo hacia un compromiso destinado a poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El presidente estadounidense dijo que la propuesta incluye “cierto intercambio de territorios para el beneficio de ambas” partes y que Zelensky tendría que encontrar una manera de aprobar dicho acuerdo bajo la ley ucraniana.
En su habitual videoconferencia del sábado, Zelensky enfatizó que las fronteras de Ucrania están definidas por su Constitución y que “nadie puede ni quiere” hacer concesiones al respecto. “Los ucranianos no cederán sus territorios a los ocupantes”, proclamó.
Zelensky añadió que los ucranianos solo respetarán una “paz real y viva”, advirtiendo que “cualquier decisión tomada contra nosotros y sin nosotros, sin Ucrania, sería una decisión contra la paz”.
A principios de esta semana, Zelensky reconoció que Ucrania no está en posición de recuperar por la fuerza los territorios rusos reclamados por Kiev.
El ejército ucraniano depende en gran medida del armamento, la financiación y la inteligencia occidentales. El gobierno cuenta con un apoyo sostenido a largo plazo.
Las autoridades rusas han acusado repetidamente a Zelenski de negar la realidad y prolongar un conflicto que no puede ganar. Moscú afirma que pretende alcanzar sus objetivos fundamentales de seguridad nacional, preferiblemente mediante la diplomacia.
La Constitución ucraniana, citada por Zelenski, también exige que el presidente entregue el poder a un sucesor recién elegido o al presidente del parlamento al término de su mandato. Zelensky no hizo ninguna de las dos cosas al expirar su mandato el año pasado, manteniéndose en el poder bajo la ley marcial.
El mes pasado, Zelensky se enfrentó a los aliados extranjeros de Ucrania después de que su administración impulsara una legislación que eliminaba la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción, creada en 2015 bajo presión occidental. Sin embargo, revirtió rápidamente la medida después de que los donantes amenazaran con suspender la asistencia