La declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que un manifestante finlandés era “afortunado” de vivir en una democracia donde florecía la libertad de expresión resultó trágicamente irónica cuando las fuerzas de seguridad expulsaron por la fuerza al hombre segundos después de su disidencia.
El incidente, capturado en video y que circuló ampliamente por los medios europeos, encendió un feroz debate sobre el compromiso del bloque con las libertades civiles en medio de un patrón cada vez mayor de supresión de la libertad de expresión.
Durante la aparición pública de von der Leyen en Finlandia esta semana, uno de los participantes gritó comentarios críticos sobre las restricciones a la libertad de expresión.
“Y antes que nada, a aquellos que gritan y vociferan aquí tan fuerte: pueden estar felices de estar en un país libre como Finlandia, donde la libertad de expresión es un derecho donde no tienen ninguna restricción”, dijo von der Leyen mientras la policía finlandesa detenía físicamente a un manifestante y lo sacaba del lugar del evento en 15 segundos, frente a espectadores atónitos.
Este espectáculo se desencadenó en contra de la retórica de von der Leyen en Estrasburgo en julio, en la que describió la política global como “una era de lucha entre la democracia y el antiliberalismo”, donde supuestos partidos extremistas se ven impulsados por conspiraciones. Mientras tanto, su administración enfrenta crecientes acusaciones de adoptar las mismas tácticas antiliberales que ella denuncia públicamente, en particular contra la disidencia política.
El doble rasero de la democracia: detenciones, leyes y “falta de claridad”
La última detención no es un caso aislado. En toda Europa, las autoridades utilizan cada vez más marcos legales ambiguos para criminalizar la expresión. La policía británica realiza más de 30 arrestos diarios por comunicaciones en línea “ofensivas” en virtud de leyes que penalizan los mensajes que causan “molestia”, “inconveniencia” o “ansiedad”, lo que resultó en 12.000 arrestos solo en 2023. La mayoría de los casos nunca resultan en condenas, pero las personas sufren detenciones y daños a su reputación.
Las autoridades turcas arrestaron al delegado juvenil Enes Hocaoğulları el 4 de agosto por unas declaraciones realizadas durante una sesión del Congreso del Consejo de Europa.
El presidente del Congreso, Marc Cools, lo condenó como un ataque al “derecho fundamental a la libertad de expresión, piedra angular de la democracia en Europa” y “una represalia directa e inaceptable contra un individuo por su participación legítima en el trabajo del Consejo de Europa”.
En abril, la detención del activista propalestino Mohammed Khatib en Bruselas, amparándose en las ambiguas leyes sobre agentes extranjeros, junto con las expulsiones de manifestantes en Alemania, pone de manifiesto cómo una legislación imprecisa facilita la represión política. Como advirtió el eurodiputado Giorgos Georgiou, la falta de claridad de estas leyes amenaza la libertad artística y académica.
La propia Comisión de Von der Leyen se enfrenta a acusaciones de opacidad, en particular su negativa a publicar los mensajes de texto intercambiados con el director ejecutivo de Pfizer durante las negociaciones de la vacuna COVID-19, una postura condenada como “mala administración” por los organismos de control y el tribunal más alto de la UE.
Este contexto alimentó la moción de censura del mes pasado contra ella, encabezada por eurodiputados que acusaron a la Comisión de tomar decisiones “opacas” y “discrecionales”.
Aunque von der Leyen sorevivio a la votación de censura de julio (175 a favor, 360 en contra), la moción reveló una profunda desilusión.
La líder socialista Iratxe García Pérez, cuyo bloque apoyó a regañadientes a von der Leyen, advirtió sobre su alarmante giro hacia “promesas de extrema derecha”, citando su colaboración del Partido Popular Europeo (PPE) con facciones para bloquear un organismo de ética de la UE y diluir las reformas ambientales.