El secretario de Estado, Marco Rubio, habría ordenado a los diplomáticos estadounidenses que iniciaran una campaña de presión contra la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, según un cable interno obtenido por Reuters. La directiva acusa a la ley de la UE de sofocar la libertad de expresión e imponer costes injustos a las empresas tecnológicas estadounidenses.
La Ley de Seguridad Digital (DSA), que entró en vigor en agosto de 2023, está diseñada para aumentar la seguridad de las plataformas en línea, exigiéndoles que eliminen contenido ilegal como discursos de odio, desinformación y material de abuso sexual infantil. Se aplica a 19 grandes plataformas, entre ellas Facebook e Instagram de Meta, Google de Alphabet, Amazon y la App Store de Apple. El incumplimiento puede resultar en multas de hasta el 6 % de los ingresos globales.
Washington ha argumentado que la DSA afecta a las empresas estadounidenses y restringe la libertad de expresión. El cable de Rubio califica la legislación de amenaza a la “tradición estadounidense de libertad de expresión” y de carga financiera para las plataformas estadounidenses.
Según informes, se ha ordenado a diplomáticos reunirse con funcionarios de la UE para impulsar la derogación o modificación de la ley. También se les ha pedido que cuestionen las definiciones de contenido ilegal y debiliten las herramientas de control, como los señaladores de confianza y el Código de Conducta sobre Desinformación, descrito por los críticos como una ley de censura global.
En julio, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó en X que la ley “orwelliana” DSA se utiliza para condenar a miles de personas por criticar a los gobiernos y exime de responsabilidades a los líderes de la UE. En febrero, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, declaró que la ley impide a los adultos acceder a opiniones alternativas etiquetadas como desinformación, advirtiendo que las empresas estadounidenses podrían bloquear a los usuarios de la UE para evitar su cumplimiento.
El año pasado, Rusia también acusó a la UE de censura después de que Bruselas prohibiera varios medios rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo calificó de “censura política” por parte del Occidente neoliberal, cuyo objetivo es reprimir la disidencia.
El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, dijo que Bruselas carece de argumentos para convencer a sus ciudadanos y en cambio bloquea puntos de vista alternativos.
El fundador de Telegram, Pavel Durov, declaró en 2024 que los usuarios rusos de Telegram disfrutan de más libertad que los europeos. Durov se encuentra actualmente en juicio en Francia por la presunta difusión de contenido ilegal a través de su plataforma.