El gobierno de Brasil presentó hoy una demanda contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por un arancel del 50 por ciento impuesto por el presidente Donald Trump a productos nacionales.
El diario O Tempo asegura que la llamada solicitud de consulta se presentó este miércoles a la misión estadounidense ante la OMC.
Pese a que el criterio requiere la aceptación de la Casa Blanca y la máxima jurisdicción de la organización está paralizada, la medida se considera en el Ejecutivo un importante gesto simbólico para demostrar la postura del país en la defensa del sistema multilateral de resolución de disputas comerciales.
La víspera, el canciller Mauro Vieira anunció la apertura de un proceso de consulta en la OMC, el primer paso dentro de la organización.
Esa petición afloró dos días después de una reunión del Consejo Estratégico de la Cámara de Comercio Exterior, encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin e integrado por miembros como Rui Costa (jefe de Gabinete) y los ministros Fernando Haddad (Finanzas), Simone Tebet (Planificación) y Alexandre Silveira (Energía).
A través de estas consultas, los demandantes solicitan información a terceros sobre las presuntas prácticas comerciales y solicitan modificaciones a las medidas.
Según el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva, los gravámenes son incompatibles con varias obligaciones de la OMC, incluida la llamada cláusula de la nación más favorecida y el límite arancelario establecido por los propios estadounidenses dentro de la organización.
Al distanciarse de los compromisos multisectoriales característicos de la OMC, la medida desestabiliza el equilibrio construido durante décadas de negociaciones multilaterales y supone un grave riesgo para la arquitectura del comercio internacional, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un documento que respaldó la decisión de demandar a Washington.
Estados Unidos, sin embargo, debe aceptar la solicitud para que se inicien las conversaciones.
Si las consultas no resuelven la controversia en un plazo de 60 días a partir de la recepción de la demanda, el reclamante puede solicitar el establecimiento de una segunda etapa: un grupo especial.
Los grupos especiales están integrados por tres miembros, elegidos de común acuerdo entre las partes.
Ambos países presentan alegaciones escritas y participan en audiencias.
El grupo especial emite un informe sobre las medidas en litigio y su compatibilidad con los acuerdos de la OMC.
Un plazo teórico para la presentación de este informe es de hasta seis meses, prorrogable por tres más.
Sin embargo, en la práctica, la etapa del grupo especial ha durado aproximadamente 12 meses, excepto en casos más complejos, que pueden prolongarse hasta cinco años.