La pendiente aprobación del proyecto de ley de promoción agraria que renueva importantes beneficios tributarios a la agroindustria peruana, es materia de presiones empresariales y críticas de quienes la consideran innecesaria y dañina para el fisco.
El gerente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), Luis Cruz, denunció que el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, ha anunciado que, si el pleno congresal no ratifica en una segunda votación la ley de promoción agraria, el Ejecutivo la incluirá en un pedido gubernamental de facultades legislativas.
El dirigente acusó a Manero de chantajear al Legislativo para imponer rebajas tributarias para una actividad empresarial que ha exportado frutas y otros productos por 12 mil 798 millones de dólares en 2024.
La prolongación de rebajas a la mitad del impuesto a la renta y en diversas proporciones a otros tributos, significará para el fisco una merma de 20 mil millones de soles (más de cinco mil 630 millones de dólares) en los 10 años de vigencia de la citada ley.
Cruz precisó que los beneficios implican recortes de derechos a los trabajadores de la próspera agroindustria que ya sufren de inestabilidad laboral, bajos sueldos y discriminación laboral para los jóvenes y las mujeres que laboran en el sector.
A ello, dice Cruz, se añade la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que debilita el rol fiscalizador del Estado en el uso de recursos hídricos, en beneficio de las empresas agroexportadoras.
La ley es apodada “Ley Chlimper 2.0” por el apellido de un exministro que promovió la primera ley del mismo tipo y se benefició con ella, por ser empresario agroexportador.
La nueva versión impulsada por el lobby (cabildeo) de los empresarios del rubro, se aprobó en primera instancia pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas la considera nociva para la recaudación fiscal.
El gerente de Conveagro declaró que el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Agrario solo favorecen a medio centenar de grandes empresas agroexportadoras, dejando de lado a la agricultura familiar, cuyos pocos beneficios pretenden extender a las primeras con la nueva ley.
La agricultura familiar tiene una importancia tal que durante la crisis de la pandemia de Covid-19 “paró la olla”, como se dice aquí coloquialmente, al mantener normalmente el abastecimiento y la calidad y amplia variedad de sus productos.
Cuando recibió el trofeo de mejor del mundo de 2025 para el restaurante “Maido”, su chef y dueño, el peruano de ancestros japoneses Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, atribuyó a la agricultura familiar o ancestral, buena parte del mérito de la afamada gastronomía peruana.
Poco antes, el ministro Manero fue objeto de críticas por haber dicho en una actividad pública que si les va mal, los agricultores -87 por ciento dedicados a la agricultura familiar, que tiene 97 por ciento de las unidades productivas- no deben pedir ayuda al Estado, sino reemplazar lo que producen por otro más rentable.
“El problema en el Perú es que hemos idealizado la agricultura; creemos que es una actividad bonita, que tienen que hacerla generación tras generación y se olvida que la agricultura, finalmente, es un negocio, es el mercado puro y duro”, afirmó.
Expertos en la materia señalan que las exoneraciones tributarias y otros beneficios ya no se justifican y son en todo el mundo temporales, para que una actividad económica despegue y “vuele sola”, lo que han logrado aquí, con tal éxito que ha trascendido que dedican parte de sus ganancias a inversiones en el extranjero.
Hace unos meses, 30 destacados economistas, expertos en temas agrícolas y exfuncionarios del sector, llamaron a impedir que se apruebe la “Ley Chlimper 0.2” y recordaron que la primera
recortó a la mitad los derechos laborales de los trabajadores de la agroexportación y tuvo un alto costo para la recaudación tributaria.
“Consideramos que esta es una campaña que no se ajusta a la evidencia empírica, siendo su principal objetivo mantener las tasas de ganancias de un sector de empresas ya consolidado, a costa de la calidad de vida y la precariedad en el empleo de los trabajadores”, señalaron en un pronunciamiento colectivo.
Además, afirmaron que las exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron 28 veces desde el año 2000, generando altos niveles de rentabilidad empresarial, lo que no ha ido de la mano con una mejora de ingresos y condiciones laborales.
Por esos y otros argumentos, la declaración llamó al Congreso a no ratificar la ley y exigió, en cambio, una reforma agraria real y progresiva, que equipare completamente los derechos laborales del agro con los del régimen general, promueva estabilidad laboral, y elimine los privilegios tributarios para un sector que ya no requiere subsidios para seguir creciendo.