La Unión Europea continúa siguiendo de cerca los acontecimientos que se desarrollan dentro de Ucrania después de que una nueva ley que socava la independencia de dos agencias anticorrupción provocara la primera reprimenda del bloque desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia.
La ley, aprobada por el parlamento ucraniano y firmada por el presidente Volodymyr Zelenskyy a una velocidad que tomó a Bruselas por sorpresa, ha puesto a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) bajo la supervisión directa del fiscal general, un designado político.
El fiscal general podrá ahora seleccionar casos gestionados por la NABU y la SAPO y reasignarlos a otras entidades estatales, lo que, según los críticos, podría facultar al poder ejecutivo para influir y posiblemente descarrilar investigaciones de alto perfil. El fiscal general también podrá impartir instrucciones vinculantes a las agencias.
Los cambios contradicen la opinión de la Comisión Europea, que considera tanto a la NABU como a la SAPO pilares en la lucha contra la corrupción. El informe de ampliación del año pasado destacó que la SAPO se había convertido en una entidad jurídica independiente de la Fiscalía General y recomendó que se permitiera al director de la SAPO abrir investigaciones sobre parlamentarios de forma independiente del fiscal.
En respuesta a este retroceso, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, se puso en contacto personalmente con Zelensky.
La presidenta von der Leyen expresó su profunda preocupación por las consecuencias de las enmiendas y solicitó explicaciones al gobierno ucraniano, declaró el miércoles un portavoz de la Comisión.
El respeto al Estado de derecho y la lucha contra la corrupción son elementos fundamentales de la Unión Europea. Como país candidato, se espera que Ucrania cumpla plenamente estos estándares. No se puede llegar a acuerdos.
Ante la presión de las protestas callejeras en toda Ucrania y las advertencias de funcionarios europeos, Zelenski dio un giro radical y presentó un nuevo proyecto de ley con lo que denominó “garantías plenas para la independencia de las agencias anticorrupción”. Su propuesta incluye la aplicación regular de pruebas de polígrafo a los empleados de la NABU y la SAPO que manejan secretos de Estado.
El texto se presentó el jueves al parlamento del país, la Verjovna Rada. El presidente, Ruslan Stefanchuk, confirmó que se debatiría el 31 de julio.
“Durante la consideración de este proyecto de ley, propondré adoptarlo inmediatamente como base y en su totalidad, así como apoyar su firma urgente”, dijo Stefanchuk.
En una declaración conjunta, NABU y SAPO dijeron que la nueva ley restablecería “todos los poderes del debido proceso y las garantías de independencia” e instaron a su aprobación “lo antes posible”.
Bruselas celebró con cautela el cambio de postura
“Aplaudimos que el gobierno ucraniano esté tomando medidas y colaboraremos con él para garantizar que nuestras preocupaciones, claramente explicadas, se tengan en cuenta”, declaró un portavoz de la Comisión el jueves por la tarde, antes de que se conociera el contenido del proyecto de ley presidencial.
La Comisión está en gran medida satisfecha con el borrador del texto, según declaró a Euronews una fuente cercana, pero no lo aprobará públicamente hasta que se hayan disipado debidamente todas las objeciones. Bruselas ha ofrecido asistencia técnica a Kiev para afinar los detalles legislativos.
Mientras tanto, Zelensky fue noticia después de negar vehementemente que hubiera tenido lugar una conversación telefónica con von der Leyen.
“No me he comunicado con Ursula von der Leyen en los últimos días. Todo lo que se escribió al respecto, todo lo que supuestamente me contó, es falso. No tuvimos ninguna conversación”,declaró.
La Comisión no hizo comentarios sobre las declaraciones de Zelensky.