Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana serán las primeras regiones en recibir a los menores migrantes no acompañados que les asignó el Ministerio de Juventud e Infancia. Según el decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros, los traslados de los casi 4.000 adolescentes extranjeros procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, deberán arrancar por las comunidades a las que les corresponda un mayor número de traslados, que son esas tres. Desde el ministerio, no obstante, dejan la puerta abierta a que haya algún cambio en la reubicación en función de las necesidades que presenten los menores.
El departamento que dirige Sira Rego ya avanzó que la reubicación, que empezará el próximo 28 de agosto, será progresiva, puesto que el decreto da el plazo de un año para ello. El documento publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aterriza los detalles de la reforma de la ley de extranjería y concreta tanto los pasos que deberán seguirse antes y después de cada traslado como el papel que tendrá cada administración en ese proceso.
Así, y según este último decreto, “la distribución deberá comenzar por las comunidades autónomas a las que corresponda un mayor porcentaje de traslados”. El Gobierno ya cerró las cifras definitivas, una vez ponderados los “criterios objetivos” que han utilizado para calcular a cuántos menores debe acoger cada autonomía para aliviar la situación de los territorios más sobrecargados, y que tienen en cuenta factores como la población, el PIB, el paro, la dispersión territorial o el “esfuerzo previo”, entre otros.
Según esos criterios, por tanto, Andalucía es la comunidad a la que se le ha asignado un mayor número de niños (677), seguida de Madrid (647), y Comunidad Valenciana (571). De este modo, y siempre según el protocolo que establece el último decreto, serán estas tres las primeras en recibir a parte de los 3.975 menores inmigrantes.
Castilla-La Mancha recibirá a 320 menores; Galicia, a 317; Andalucía, a 677; Aragón, a 251; La Rioja, a 205; y Castilla y León, a 197. Cantabria, por su parte, recibirá a otros 156; Extremadura, a 159; y Asturias, a 144. Por el contrario, las tres autonomías que acogerán a menos menores son Baleares (49), Navarra (118) y Murcia (133).
El Ejecutivo dejó fuera del reparto a Cataluña y País Vasco alegando su “esfuerzo previo” en la acogida de los últimos años, que es uno de los criterios que ponderan para determinar el número que acoge cada territorio (junto a otros como el PIB, el paro, la dispersión territorial o la insularidad, entre otros). Cataluña, sin embargo, se ha comprometido a recibir a 31 niños y adolescentes extranjeros, que es la cantidad que solía tocarle dentro del mecanismo de solidaridad voluntaria que rige en las Sectoriales desde 2022.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia dicen que los primeros traslados “no necesariamente” irán a las autonomías de mayor acogida, aunque está recogido así en el decreto, y que priorizarán a los menores que se encuentren en “situación de vulnerabilidad”. “Esta decisión dependerá del grupo de trabajo creado para tal efecto en el que también participará la Agencia Europea de Asilo, que tendrá toda la información”, detallan.
Las reubicaciones, paso a paso
La iniciativa aprobada este martes define, paso por paso, cómo se actuará cada vez que una comunidad se declare en situación de “contingencia migratoria extraordinaria” porque triplique la capacidad ordinaria de sus sistemas de acogida.
Dicha declaración deberá ser aprobada por el Ministerio de Juventud e Infancia, para que después la Subdelegación del Gobierno haga una “propuesta de ubicación” en la que especifique la comunidad autónoma a la que deberán trasladarse los menores de edad, de forma simultánea a la inscripción del joven en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
Ese mismo día se solicitará a la autonomía un informe que tendrá que tener listo en tres días sobre la situación del menor de edad, si este cuenta con alguna medida de protección y tras realizar una entrevista personal. El expediente se enviará a la comunidad de destino y al menor involucrado en un plazo de tres días naturales. También se remitirá a la Fiscalía, que podrá pronunciarse en dos días naturales, siempre y cuando la persona menor de edad se oponga a ese traslado
En el caso de que la región de destino se niegue a hacerse cargo de los menores asignados, los profesionales que hayan acompañado a esos niños durante el traslado podrán “recabar la ayuda” de las Fuerzas de Seguridad, que informarán sobre ello al Ministerio Fiscal y entregarán al menor a la entidad de destino.
El plazo máximo para la realización de los traslados será de quince días naturales desde la inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y, una vez efectuado, deberá notificarse al Ministerio de Juventud e Infancia para que haga un seguimiento.