Trabajadores y políticos de Ecuador advierten hoy sobre la posibilidad de despidos arbitrarios en el sector público tras la publicación del reglamento para aplicar la Ley Orgánica de Integridad Pública.
La normativa, impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, establece, entre otras cuestiones, cuáles serán los efectos de las evaluaciones periódicas que se aplicarán a los servidores de entidades públicas, y que determinarán su estabilidad laboral.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una rueda de prensa este jueves para dar a conocer su postura respecto a esa disposición, que de antemano consideran inconstitucional.
El FUT y otras organizaciones presentaron ya ante la Corte Constitucional más de 15 demandas contra la Ley, aprobada en junio pasado y que reforma cuerpos legales relacionados con la contratación pública, la gestión tributaria, el sector financiero y la administración estatal.
El legislador Lenin Barreto, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), alertó que con el texto legal vigente se está abriendo la puerta a despidos arbitrarios, ya que los nombramientos provisionales podrán terminarse sin previo aviso, sin evaluación, sin requisitos y sin estabilidad.
Además, Barreto precisó que ahora el Ministerio del Trabajo podrá iniciar “evaluaciones de desempeño” de oficio, cuando le dé la gana, sin garantías, sin derecho a defensa y con fines claramente políticos.
“Nos evalúan a diario, pero sin condiciones adecuadas de trabajo. ¿Cómo se puede hablar de desempeño si no hay ni paracetamol para entregar?”, señaló Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica, que marchó la semana pasada en rechazo a la disposición.
En un inicio, el proyecto de ley era específicamente para modificar el proceso de contrataciones en el sector público, sin embargo el Legislativo incorporó otros cambios, incluidas reformas penales.
Entre ellos hay cambios en el Código de la Niñez y Adolescencia, al endurecer penas para adolescentes que cometen delitos, cuya pena máxima pasa de ocho a 15 años y la prisión preventiva se extiende de 90 días a un año, algo cuestionado por organismos como Unicef.