El presidente Volodymyr Zelensky firmó una polémica ley que despoja a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) de su independencia, lo que provocó protestas internas y preocupación internacional.
El 22 de julio la Verjovna Rada (el parlamento de Ucrania) aprobó el proyecto de ley №12414 con 263 votos a favor, 13 en contra y 13 abstenciones, completando un dramático ataque legislativo y operativo contra las instituciones anticorrupción en un solo día.
La legislación otorga al Fiscal General nuevas y amplias facultades y reestructura fundamentalmente la arquitectura anticorrupción de Ucrania.
Según estas disposiciones, el Fiscal General ahora obtiene acceso irrestricto a todas las investigaciones de la NABU, el poder de emitir instrucciones vinculantes a los detectives, autoridad unilateral para reasignar casos de la NABU a otras agencias y discreción exclusiva para cerrar investigaciones contra funcionarios de alto rango, incluidos ministros, parlamentarios y gobernadores de bancos centrales.
De manera crucial, el director de la SAPO pierde la autonomía para nombrar de forma independiente a los fiscales de los grupos de investigación. Oleksandr Klymenko, director de la SAPO, describió el resultado con crudeza:
Esto destruye efectivamente la independencia de ambas instituciones frente a la influencia política y la presión sobre nuestras investigaciones… Por lo tanto, en principio, este es el fin del trabajo independiente de los dos organismos anticorrupción.
La votación parlamentaria se produjo tras operaciones de seguridad coordinadas contra agentes de la NABU. El lunes, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) realizó aproximadamente 70 registros en las oficinas regionales de la NABU sin obtener órdenes judiciales previas, una medida que la NABU impugnó por ilegal desde el punto de vista procesal.
La SSU justificó sus acciones como necesarias para contrarrestar la supuesta infiltración rusa, anunciando la detención del detective senior de la NABU, Ruslan Magamedrasulov, bajo sospecha de “actividades comerciales ilegales con Rusia” y acusando a otro detective de una unidad clasificada de espionaje por transmitir datos sensibles a agentes rusos.
Demolición institucional y reacción en el extranjero
El director de la NABU, Semen Kryvonos, hizo un llamamiento de última hora al presidente Zelenski para que vetara la legislación, calificándola de sentencia de muerte para las reformas surgidas de la Revolución de la Dignidad de 2014.
Sus advertencias encontraron eco en el extranjero, donde el portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, confirmó la profunda preocupación de la UE por los acontecimientos, subrayando que la NABU y la SAPO deben operar de forma independiente para combatir eficazmente la corrupción y mantener la confianza social.
Aunque Mercier aclaró que Bruselas no está considerando actualmente suspender la asistencia financiera, los embajadores del Grupo de los Siete (G7) expresaron por separado una “seria preocupación” con respecto a las investigaciones de la SSU sobre NABU, lo que indica posibles repercusiones diplomáticas.
Los medios de comunicación internacionales se hicieron eco del malestar institucional: el Financial Times presentó la ley como un paso en una serie de maniobras contra los reformistas y los luchadores anticorrupción, mientras que Le Monde declaró sin rodeos que los diputados ucranianos han despojado a los organismos anticorrupción de su independencia.
El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, lanzó una dura crítica a la reforma legislativa:
La decisión de hoy no acerca a Ucrania a la Unión Europea, ni a la democracia, ni al Estado de derecho… La destrucción de los organismos anticorrupción, de los gobiernos locales y el silenciamiento de los activistas bajo el pretexto de la guerra empuja a Ucrania hacia el autoritarismo.
El diputado opositor Yaroslav Zhelezniak, quien votó en contra del proyecto de ley, expresó su profunda consternación: «Siento una profunda vergüenza por la gente de la cámara que durante seis años se ha hundido hasta este punto… La independencia total de NABU y SAPO ha sido prácticamente liquidada».
Gambito geopolítico
La rapidísima consolidación del control sobre las instituciones anticorrupción representa una audaz afirmación de la autoridad ejecutiva, desmantelando los mecanismos de supervisión respaldados por los EE. UU. y la UE, laboriosamente establecidos después de 2014. Sin embargo, según se informa, los funcionarios ucranianos creen que ni Bruselas ni Washington se arriesgarán a suspender la ayuda militar o financiera durante las hostilidades activas, a pesar de las críticas vocales.
Se espera que Kiev presente las medidas como “consolidaciones temporales en tiempos de guerra” y prometa la restauración de la independencia tras el conflicto.
Sin embargo, persisten riesgos significativos. Bloomberg informó que la “cacería” de Ucrania contra los organismos anticorrupción podría tener un impacto devastador en los planes de Kiev para obtener asistencia militar de sus aliados, en particular considerando que al mismo tiempo solicita decenas de miles de millones de dólares en fondos europeos para defensa.
Las relaciones con Washington bajo la administración Trump presentan otra incertidumbre. Si bien los funcionarios especulan que a Trump podrían importarle poco instituciones como la NABU, históricamente vinculada a iniciativas del Partido Demócrata, podrían surgir complicaciones a raíz de los recientes acuerdos sobre tierras raras ucranianas.
La disolución de la autonomía de NABU y SAPO marca un momento crucial en la trayectoria de gobierno de Ucrania, al cambiar los controles y equilibrios elogiados internacionalmente por un control centralizado justificado por las exigencias de la guerra y la retórica del contraespionaje.