Tuesday, July 22, 2025
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El Gobierno de España prepara una ley con la que multará con hasta 2,5 millones de euros a quienes se atrevan a difundir “información clasificada”

El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley de información clasificada, la norma con la que prevé sustituir a la de secretos oficiales que está en vigor desde el franquismo. Entre otras cuestiones, el texto plantea multas de entre 30.000 euros y 2,5 millones, en los supuestos más graves, a quien difunda o reproduzca, por cualquier medio, información clasificada como “secreto” o “alto secreto”.

Tal y como ha adelantado este martes El País y ha podido confirmar 20minutos, por la difusión de información confidencial la sanción puede llegar a 800.000 euros y por la restringida, a 30.000. Esta sanción puede imponerse no solo a los funcionarios y cargos públicos que conozcan la información clasificada por razón de su trabajo, sino también a cualquier persona física o jurídica que tenga “acceso fortuito” a la misma y permita que se difunda “por acción u omisión”.

Aunque la ley no excluye que periodistas y responsables de medios de comunicación puedan ser sancionados, pues se aplica “a toda persona física o jurídica respecto al acceso y divulgación indebidos de información clasificada”, el proyecto también subraya que, a la hora de graduar las sanciones, se tendrá en cuenta, como si se tratara de una circunstancia atenuante pero no eximente, “el ejercicio del derecho a la libertad de información”. De este modo, tendrán que ser los jueces los que decidan si un informador es sancionado.

En el artículo 46, además, se cita como medida provisional la posibilidad de que “la autoridad competente acuerde motivadamente el cese de la presunta actividad infractora”, lo que podría implicar impedir a medios de comunicación la publicación de cierto tipo de información clasificada.

La ley añade que cuando esta decisión se adopte con carácter preventivo, “deberá basarse en la existencia de una urgencia inaplazable para a protección provisional de los intereses implicados”.

La reforma de la ley de secretos oficiales, que data de 1968, es una reivindicación histórica del PNV. Algunos gobiernos habían prometido reformarla, pero por unas circunstancias o por otras nunca se ha llevado a cabo. De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez es que el más lejos ha llegado para modificar la ley, pues ahora que el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley, la norma será enviada al Congreso para su tramitación parlamentaria.

45 años, el tiempo máximo de clasificación

Según fuentes gubernamentales, esta será una de las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada, puesto que países como Francia, Dinamarca o Suecia tiene plazos más extensos de desclasificación. Además, este proyecto de ley recoge que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

En concreto, se regularán cuatro categorías de información clasificada: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. A cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación, teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. Además, el tiempo máximo de clasificación se situará en los 45 años, prorrogables de forma motivada otros 15 años.

El Gobierno también introducirá el derecho a la libertad de información como criterio de graduación de las sanciones, y creará la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.

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