Una petición contra la ley Duplomb, que permite el regreso a los campos franceses de insecticidas de la familia de los neonicotinoides, ronda hoy las 800 mil firmas de apoyo, lo cual podría propiciar un debate parlamentario.
La iniciativa promovida por activistas en el sitio de la Asamblea Nacional superó el umbral de las 500 mil firmas de acompañamiento, un hecho sin precedentes, que si proceden de 30 departamentos metropolitanos o colectividades de ultramar, tendrá que ser considerada por la Conferencia de presidentes de partidos en la cámara baja.
Por lo tanto, cobra fuerza la idea de que la Asamblea acoja un debate sobre la norma adoptada el 8 de julio en el hemiciclo, gracias al apoyo del oficialismo, los conservadores y la extrema derecha, pese al rechazo de la izquierda.
La ley Duplomb permite el empleo por los agricultores de insecticidas de la familia de los neonicotinoides, prohibidos desde 2018 en suelo galo, aunque aceptados en la Unión Europea, por su impacto nocivo en los polinizadores, en particular las abejas, que mueren ante la acetamiprida.
En su cuenta en la red social X, la líder de Europa Ecología los Verdes (EELV), Marine Tondelier, celebró el respaldo a la petición introducida por la estudiante de 23 años Eléonore Pattery.
“¿Saben por qué?, muy fácil, porque el 83 por ciento de los franceses está contra estos pesticidas que destruyen la salud y la biodiversidad”, subrayó la también diputada.
Por su parte, su colega socialista Boris Vallaud destacó una movilización “inédita y esencial”.
Los defensores de la ley esgrimen que al ser autorizada por la UE, el no poder emplear la acetamiprida conduce a una competencia desleal, poniendo a los agricultores galos en desventaja. El promotor de la norma, el senador conservador Laurent Duplomb, restó importancia al respaldo a la petición, alegando que es el derecho de la oposición a expresarse.
Asimismo, declaró en la cadena Franceinfo estar dispuesto a un debate parlamentario, “para decir lo que hemos estado diciendo en los últimos seis meses”.
La ley se presentó como una respuesta al malestar mostrado el año pasado por los agricultores ante la falta de apoyo gubernamental y por su rechazo al acuerdo entre la UE y el Mercosur, considerado impulsor de la competencia desleal.