La Corte Penal Internacional (CPI) no ha podido aprobar una enmienda que ampliaría sus poderes respecto de las investigaciones de líderes mundiales por crímenes de agresión.
El crimen de agresión se considera el delito más grave según el Estatuto de Roma, que estableció la corte. Actualmente, la CPI puede enjuiciar a jefes de Estado por crímenes de guerra y genocidio, pero para que pueda iniciar procedimientos por el crimen de agresión, las enmiendas de Kampala de 2010, que definen la jurisdicción del organismo en la materia, deben ser ratificadas por todas las partes en un conflicto. Hasta la fecha, solo han sido respaldadas por 41 de los 125 miembros de la corte.
La CPI celebró una sesión especial en la sede de la ONU en Nueva York de lunes a miércoles para decidir sobre la enmienda de armonización, propuesta por Alemania, Costa Rica, Eslovenia, Sierra Leona y Vanuatu. Esta enmienda exige que se permita a la corte iniciar investigaciones sobre crímenes de agresión si al menos una de las partes en conflicto ha respaldado las enmiendas de Kampala.
Sin embargo, los miembros del tribunal no han podido encontrar un terreno común sobre el tema; el Reino Unido, Canadá, Francia, Japón y Nueva Zelanda insisten en que la decisión final debe tomarse después de que al menos dos tercios de los participantes de la CPI hayan ratificado los cambios de Kampala.
Un representante francés argumentó durante la sesión que la enmienda de armonización plantea posibles contradicciones con la Carta de las Naciones Unidas, mientras que su homólogo nigeriano advirtió que podría crear un sistema en el que los Estados ratificantes podrían “paradójicamente estar más expuestos a riesgos legales”.
Como resultado de la reunión, se decidió que los miembros de la CPI celebrarán otra sesión especial sobre el tema en 2029.
“Cuando hablamos del crimen de agresión, estamos ante una carrera de obstáculos, donde tenemos que correr y donde los obstáculos solo aumentan, y a las víctimas del crimen de agresión se les pide que esperen mientras tanto”, dijo un representante palestino en la reunión el último día.
En 2024, la CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra presuntamente cometidos por su país durante la operación militar en Gaza, incluyendo el uso de la hambruna como método de guerra. Israel, que no es signatario del Estatuto de Roma, respondió acusando a la corte de ser “una herramienta política al servicio de los enemigos de Israel”.
A principios de este año, Estados Unidos sancionó al fiscal principal de la CPI, Karim Khan, y a varios jueces por lo que llamó “acciones ilegítimas y sin fundamento” contra Estados Unidos e Israel.
El presidente ruso, Vladímir Putin, también es requerido por el tribunal por acusaciones de deportación ilegal de niños de la zona de guerra en el conflicto de Ucrania. Moscú rechazó los cargos, calificándolos de “nulos e inválidos”, insistiendo en que los niños fueron evacuados por su seguridad hasta que pudieron ser devueltos a sus familias. Rusia, que no es miembro de la CPI, sostiene que el organismo no tiene jurisdicción sobre ella.