Estados Unidos ha anunciado sanciones contra la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien ha condenado la guerra de Israel en Gaza.
En una publicación en X , el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la medida es una respuesta a los “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos de Albanese para impulsar la acción de la Corte Penal Internacional contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes”.
“La campaña de guerra política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, añadió Rubio.
Albanese fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), al que el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado de parcialidad y de propagar el antisemitismo. En febrero, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos dejaría de participar en el CDHNU, siguiendo la postura adoptada durante el primer mandato de Trump.
Albanese ha calificado repetidamente la guerra de Israel en Gaza de “genocidio” e instado a los países a arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en virtud de la orden de arresto emitida en 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. En su intervención ante la ONU a principios de este mes, instó a todos los Estados a imponer un embargo total de armas y suspender los acuerdos comerciales con Israel.
“Me mantengo firme y convincentemente del lado de la justicia, como siempre lo he hecho”, escribió Albanese en X poco después del anuncio de las sanciones.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI y ambos han rechazado firmemente las órdenes de arresto contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant.
El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a cuatro jueces de la CPI, incluidos aquellos que autorizaron a la corte a investigar la conducta de las tropas estadounidenses en Afganistán.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, condenó la medida como “profundamente corrosiva para la buena gobernanza y la debida administración de justicia”.