La Comisión Europea tiene varios avisos bastante importantes contra España: Bruselas hecha en falta que el Gobierno ni siquiera tenga todavía una estrategia anticorrupción como tal, cuando tendría que haber iniciado estos trabajos en septiembre de 2024 (y no lo ha hecho).
Esa alerta, de hecho, la hace en pleno ‘momentum’ del caso de corrupción que salpica al PSOE. Todo esto se recoge en el informe de la Comisión sobre la situación del estado de derecho en los 27 Estados miembros. De hecho, el Ejecutivo comunitario alerta de que precisamente la ausencia de una “estrategia unificada” pone en riesgo la lucha eficiente contra los casos de corrupción.
Y es que España tiene pendiente la elaboración de una estrategia integral obligatoria que se tendría que haber empezado a elaborar hace casi un año, aunque ha empezado a reforzar recursos y procesos para acelerar las investigaciones y enjuiciamientos de casos de alto nivel, explica el informe. También se está revisando el Código de Enjuiciamiento Criminal. A pesar de estos esfuerzos, el cumplimiento en casos de soborno en el extranjero sigue siendo bajo.
“La cooperación interinstitucional se mantiene sólida y se han dado pasos iniciales para reforzar las normas sobre conflictos de interés entre altos cargos, así como para mejorar la transparencia patrimonial”, explica el Ejecutivo comunitario en el documento de 27 páginas publicado este martes.
Pero a la vez que da la zanahoria, también enseña el palo: “La contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave de alto riesgo de corrupción”, alerta el análisis comunitario, en plena ‘explosión’ de los casos de corrupción en el PSOE que implican a Santos Cerdán o a José Luis Ábalos.
Asimismo, el informe recuerda que la percepción entre expertos, ciudadanos y empresas es que el nivel de corrupción en el sector público en España es relativamente alto. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, España obtiene una puntuación de 56 sobre 100, situándose en el puesto 16 dentro de la Unión Europea y en el 46 a nivel mundial. Esta percepción ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, es decir, durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por otro lado, sobre la ley de amnistía, Bruselas se limita a comentar que esta ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional, aunque reconoce la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). De hecho, la primera vista relativa a este asunto en Luxemburgo tendrá lugar el próximo 15 de julio.