Se espera que los defensores de los derechos LGBTQ+ asistan a la marcha del Orgullo de Budapest el sábado (28 de junio), desafiando la prohibición policial mientras el evento se ha convertido en un supuesto símbolo de la lucha de años entre el gobierno de Hungría y los LGBTQ.
El gobierno del primer ministro Viktor Orban ha restringido gradualmente los derechos de los LGBTQ+ en la última década, y sus legisladores aprobaron una ley en marzo que permite la prohibición del Orgullo, citando la necesidad de proteger a los niños.
Los opositores ven la medida como parte de una ofensiva más amplia contra las libertades democráticas antes de las elecciones generales del próximo año, cuando Orban se enfrentará a un fuerte rival de la oposición
Los organizadores dijeron que esperan que asistan decenas de miles de personas, con participantes que llegarán de 30 países diferentes, incluida la Comisaria Europea de Igualdad, Hadja Lahbib, y unos 70 miembros del Parlamento Europeo.
Más de 30 embajadas han expresado su apoyo a la marcha y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a las autoridades húngaras que permitan que el desfile siga adelante.
Setenta grupos de la sociedad civil húngara, entre ellos la Unión Húngara de Libertades Civiles, Transparencia Internacional Hungría y la Comisión Húngara de Helsinki, publicaron el viernes una carta abierta en apoyo de la marcha, afirmando que la ley que condujo a la prohibición policial “sirve para intimidar a toda la sociedad”.
El alcalde de Budapest, Gergely Karacsony, intentó eludir la ley organizando la marcha como un evento municipal, que, según él, no requiere permiso. Sin embargo, la policía prohibió el evento, argumentando que estaba amparado por la ley de protección infantil.
Orban, cuyo gobierno promueve una agenda cristiano-conservadora, proporcionó algunas pistas el viernes sobre lo que pueden esperar los participantes cuando advirtió sobre “consecuencias legales” por organizar y asistir a la marcha.
A principios de esta semana, el ministro de Justicia, Bence Tuzson, advirtió en una carta enviada a algunas embajadas extranjeras en Budapest que organizar un evento prohibido se castiga con un año de cárcel, mientras que asistir se considera un delito menor.
La ley que permite la prohibición del Orgullo permite a la policía imponer multas y utilizar cámaras de reconocimiento facial para identificar a las personas que asisten.
Cuando se le preguntó sobre la amenaza de una pena de un año de prisión, Karacsony dijo en una conferencia de prensa el viernes que tal sentencia sólo aumentaría su popularidad.
“Pero no puedo tomarlo en serio”, dijo.