El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció el sábado 21 de junio una nueva masacre, la número 32 en lo que va de 2025, en la que cuatro personas fueron asesinadas el 20 de junio en la zona del río Naya, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.
Las víctimas, cuyas identidades aún se desconocen, se movilizaban en una embarcación. La Policía Nacional y la Armada se desplazaron al lugar para investigar el crimen, que salió a la luz pública a través de fotografías en redes sociales mostrando los cuerpos con signos de violencia extrema, generando alarma en la población.
La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 039/23, que detalla cinco escenarios de riesgo en Buenaventura debido a la presencia de actores armados. Estos incluyen el casco urbano y cuatro zonas rurales: Ríos del norte, Ríos del sur/centro, Zona de playas, Corregimiento 8 y carretera.
La zona del Naya, limítrofe con el departamento del Cauca, ha sido históricamente azotada por la violencia. En octubre de 2024 se reportó una masacre de más de diez personas en una vivienda rústica en la parte baja del Naya, en el sector de la Sagrada Familia.
Este hecho fue atribuido al frente Jaime Martínez, el cual, según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tiene influencia desde la zona rural de Jamundí hasta el Naya y Buenaventura.
Organizaciones sociales y humanitarias, como la Comisión Interclesial, habían advertido previamente sobre el inminente riesgo que corrían las comunidades en el Río Naya. Señalaron el recrudecimiento de las disputas entre los actores armados, lo cual ya había provocado el desplazamiento de al menos 60 personas de esa región. La Comisión lamentó que sus advertencias no llevaron a la adopción de medidas eficaces para proteger a la población.
La Alerta Temprana 039 del 2023 de la Defensoría del Pueblo ya señalaba un incremento en el riesgo para la población de la cuenca del río Naya. Este riesgo se manifiesta en diversos escenarios, incluyendo desplazamientos forzados, enfrentamientos con civiles, homicidios selectivos, amenazas y restricciones a la movilidad.
La reciente masacre subraya aún más la urgencia de una intervención efectiva para salvaguardar la vida y los derechos de los habitantes de esta convulsa región.