La Comisión Europea tiene la intención de retirar una propuesta destinada a combatir el llamado “lavado verde” garantizando que las afirmaciones medioambientales de las empresas sean precisas, estén fundamentadas y verificadas de forma independiente, dijo hoy a la prensa un portavoz del ejecutivo de la Unión Europea
La propuesta sobre reivindicaciones verdes se presentó inicialmente en marzo de 2023 como parte del marco legislativo más amplio del Pacto Verde Europeo.
Esta medida supone la última de una serie de retrocesos en importantes iniciativas del Pacto Verde, después de que los llamados documentos “Ómnibus” destinados a simplificar la legislación de la UE redujeran efectivamente el alcance de medidas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono.
El anuncio sobre la Directiva de Reclamaciones Verdes se produjo antes de una reunión final entre la presidencia polaca del Consejo de la UE y los eurodiputados prevista para el próximo lunes, que se espera que dé luz verde a la propuesta antes de su adopción formal.
Su retirada en esta etapa tardía ha sorprendido a muchos, incluidos los negociadores. Al ser interrogados por la prensa, los funcionarios de la Comisión se negaron a detallar los motivos de la decisión, limitándose a decir que se proporcionaría más información próximamente.
Según fuentes parlamentarias cercanas al expediente, los negociadores jefes, la eurodiputada socialista Delara Burkhardt y el eurodiputado liberal Sandro Gozi, todavía tenían la intención de seguir adelante con las negociaciones del trílogo el lunes, señalando que las conversaciones estaban llegando a una conclusión exitosa.
“Es inaceptable que la Comisión interfiera descaradamente en el progreso realizado por los colegisladores en este expediente”, declaró a Euronews un miembro del equipo negociador del Parlamento, expresando su frustración por lo que consideran una medida unilateral y prematura.
Del mismo modo, la presidencia polaca del Consejo de la UE “está dispuesta a entrar de forma constructiva en el trílogo y seguir adelante según lo previsto hasta que haya una decisión clara de la Comisión [sobre la retirada]”, dijo un portavoz polaco a Euronews.
Aún no está claro si la decisión de retirar la propuesta ha sido adoptada formalmente por el Colegio de Comisarios, la reunión semanal de los 26 comisarios y la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen.
Más allá del impacto legislativo inmediato, la medida plantea preguntas más amplias sobre la autoridad de la Comisión para retractarse de sus propias propuestas.
Si bien los tratados de la UE no otorgan explícitamente este poder, una sentencia de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que la Comisión puede retirar propuestas como parte de su derecho de iniciativa.
Sin embargo, la Corte también dejó claro que este poder es limitado y está sujeto a restricciones tanto sustantivas como procesales.
La sentencia enfatizó que la retirada sólo debe ocurrir en casos justificados, como un estancamiento institucional o la obsolescencia de la propuesta.
Ninguna de estas condiciones parece aplicarse en el caso de la Directiva sobre reclamaciones verdes, lo que genera temores de que la Comisión podría estar extralimitándose en su función y alterando el equilibrio institucional al ejercer un veto de facto sobre el proceso legislativo.