La Abogada General Juliane Kokott ha recomendado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimar el recurso de casación presentado por Google contra la sentencia del Tribunal General, que le impuso una multa de 4.124 millones de euros.
Esta sanción, una de las más elevadas en la historia de la competencia europea, se relaciona con prácticas abusivas por parte de la compañía en el uso del sistema operativo Android para reforzar su posición dominante en el mercado de búsquedas online. Eso sí, la posición de la letrada no es vinculante.
Juliane Kokott propone, con todo, al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación de Google y, por tanto, confirme la sentencia del Tribunal General. Señala, por una parte, que, en principio, la apreciación de los hechos y de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal General no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia y, por otra parte, que los argumentos jurídicos invocados por Google son inoperantes.
Según la Abogada General, en lo que respecta, en particular, a la agrupación de Play Store, Google Search y Chrome, en contra de lo que sostiene Google, el Tribunal General no tenía que pedir a la Comisión, para probar un abuso, que analizara cuál habría sido la situación competitiva de no haberse producido la conducta puesta en entredicho.
El Tribunal General podía limitarse a declarar que se había influido de manera discriminatoria en la decisión de los usuarios de utilizar Google Search, Chrome y aplicaciones no competidoras por medio del llamado sesgo de statu quo inherente a su preinstalación, frente al cual los competidores no podían hacer nada.
Además, la Abogada General afirma que el Tribunal General no estaba obligado a examinar, más allá de la capacidad de la agrupación de restringir la competencia, si esa conducta era capaz de expulsar específicamente a competidores tan eficaces como Google.
Concretamente, no es realista comparar la situación de Google con la de un hipotético competidor igualmente eficaz. Google ha ocupado una posición dominante en varios mercados del ecosistema Android y, de este modo, se ha beneficiado de efectos de red que le han permitido asegurarse de que los usuarios utilicen Google Search. Con ello, Google tiene acceso a datos con los que ha podido a su vez mejorar sus servicios. Ningún competidor igualmente eficaz habría podido hallarse en tal situación.
El caso se inició en el año 2015 y la investigación de Bruselas se extendió hasta el verano de 2018. Según la Comisión Europea, Google condicionó el acceso a su tienda de aplicaciones, Play Store, a la preinstalación de sus propias aplicaciones, como Google Search y Chrome.
También impidió a los fabricantes utilizar versiones alternativas de Android y ofreció incentivos económicos a quienes no preinstalaran servicios de búsqueda de la competencia. Estas prácticas, en conjunto, fueron consideradas una infracción única y continuada del derecho de competencia de la UE.
Google apeló inicialmente la decisión de la Comisión ante el Tribunal General, que solo anuló la parte relacionada con los acuerdos de reparto de ingresos, pero confirmó el resto de las conductas y redujo ligeramente la sanción. Posteriormente, la empresa acudió al Tribunal de Justicia con un recurso de casación, alegando errores jurídicos y solicitando una revisión más profunda de los hechos.
A juicio de la Abogada General Kokott, el Tribunal General, además, se basó acertadamente en la premisa de que, pese a la declaración de nulidad de la Decisión de la Comisión en lo que respecta al reparto de ingresos, seguía habiendo una infracción única y continuada.
Al margen de esta declaración de nulidad parcial, había una estrategia global dirigida a anticiparse al desarrollo de Internet en los dispositivos móviles, al mismo tiempo que se preservaba el modelo de negocio propio de Google, basado principalmente en los ingresos obtenidos de la utilización de su servicio de búsqueda general. Por último, el Tribunal General no se equivocó al recalcular la multa.
Google ha expresado su decepción ante las conclusiones presentadas por la Abogada General, advirtiendo que, de ser adoptadas por el Tribunal, podrían desincentivar la inversión en plataformas abiertas.
La compañía ha defendido que Android ha ampliado las opciones disponibles para los usuarios y respalda a miles de empresas tanto en Europa como en el resto del mundo. Según su comunicado, el dictamen podría tener efectos negativos no solo sobre la innovación, sino también sobre los desarrolladores, socios y millones de usuarios que dependen del ecosistema Android.