Una ola de protestas recorrió Argentina este martes después de que la Justicia ratificara la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Los manifestantes se concentraron en plazas y en las inmediaciones de la vivienda de la exmandataria para mostrarle su apoyo, pero no todas las protestas fueron pacíficas. También se produjeron actos de vandalismo, como el ataque a las cadenas Todo Noticias (TN) y Canal 13, ambas del Grupo Clarín.
Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los manifestantes rompiendo las puertas y accediendo a las instalaciones de las cadenas de televisión de manera violenta. Mientras que en otras grabaciones que se han difundido a lo largo del día se observan los destrozos que causaron una vez entraron. En los vídeos se aprecian pantallas de televisión destrozadas, cristales rotos por el suelo e incluso coches vandalizados.
Tras la ratificación de la condena, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández de Kirchner, anunció que la defensa intentará revertirla a través de organismos internacionales. “Vamos a llevar el caso al mundo.
La persecución contra Cristina Fernández de Kirchner ya ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI), por tratarse de un caso emblemático de detención y criminalización selectiva”, escribió Dalbón en su perfil de la red social X.
Además, el letrado anticipó que también realizará una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde alegará que los tribunales fueron parciales, la vulneración sistemática del debido proceso y el uso del sistema penal como herramienta de neutralización política, entre otros argumentos.
“La Convención Americana y la Constitución Argentina obligan a revertir esta sentencia”, añadió el abogado, que consideró que la condena contra Fernández “no constituye el desenlace de un proceso justo: marca, en cambio, el punto más oscuro de una operación sistemática de hostigamiento”.
Según el abogado, el fallo “no resiste el más mínimo control de constitucionalidad ni de convencionalidad” y se trata de “una construcción artificial” que vulnera garantías básicas del debido proceso.
“Cristina no fue juzgada: fue condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad”, añadió, y consideró que la lucha que emprenderá ahora en los tribunales internacionales “es también por la vigencia del Estado de Derecho, por el futuro de la justicia argentina y por una política sin miedo”.
Además, los abogados de la exmandataria han solicitado que su clienta pueda cumplir su condena en su domicilio, ubicado en el barrio de Constitución, en Buenos Aires. La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan al beneficio de prisión domiciliaria, siempre que se cumplan determinadas condiciones y sea autorizado por el tribunal correspondiente. Fernández de Kirchner tiene actualmente 72 años.
El tribunal le dio este martes a la expresidenta un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales para su detención. En paralelo, requirió al Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina que en el término de 24 horas asigne una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para alojar a la condenada, teniendo en cuenta su edad, condición de exmandataria y el intento de asesinato que sufrió en 2022.
Respecto de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que también se impuso a Fernández en la condena dictada en 2022, el tribunal oral dispuso notificar a la Cámara Nacional Electoral de que la sentencia ha quedado firme.
Fernández había anunciado la semana pasada su intención de presentarse como candidata a legisladora provincial en las elecciones a celebrarse en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina. La exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista) afirmó este martes, tras conocerse el fallo de la Corte, que la Justicia le ha puesto restricciones al voto popular al impedir que haya una alternativa política cuando el modelo del Gobierno del ultraderechista Javier Milei se derrumbe.
Los aliados de Fernández repudian su condena
En el plano internacional, los aliados de la expresidenta han continuado repudiando su condena este miércoles. “Nuestra solidaridad y apoyo incondicional, no a la persecución política, sí a la democracia.
La Revolución Ciudadana se suma a la indignación regional por la condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner, es un proceso plagado de irregularidades que solo evidencia una nueva y grosera instalación de lawfare en América Latina”, indicó en un comunicado Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017).
Por su parte, la ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, afirmó que la condena de la exmandataria es una “grave amenaza para las libertades políticas”. Hoffmann, una política próxima al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y perteneciente al ala dura del Partido de los Trabajadores (PT), expresó en redes sociales su “solidaridad” con Kirchner y el Partido Judicialista que la política argentina preside.
“La ausencia de pruebas y la presencia de indicios de parcialidad y arbitrariedad en el juicio son factores que comprometen la legitimidad de la decisión”, afirmó en un comunicado.