El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que admita la denuncia que presentó el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa y los negocios de su esposa, Begoña Gómez.
Los magistrados se han pronunciado así después de que los populares presentaran un recurso contencioso-admnistrativo ante el TSJ madrileño contra las resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Oficina de Conflictos de Interes por las que se archivó la denuncia que presentaron los de Alberto Núñez Feijóo en marzo de 2024.
En su sentencia, el tribunal sostiene que “debe procederse a la tramitación de la denuncia” del PP “con una actividad de investigación al respecto”. “Y una vez realizada, se dictará la resolución procedente, que puede ser el archivo de las actuaciones si resulta así, pero en todo caso, ha de adoptar una decisión motivada y pronunciarse sobre las pruebas solicitadas”, añade.
El TSJ madrileño concluye que el PP está legitimado para presentar dicha denuncia y para impugnar el archivo, toda vez que no se llevó a cabo “una actividad investigadora mínima para adoptar una decisión”.
La Oficina de Conflictos de Interes, que por ley tiene autonomía funcional, archivó la denuncia del PP con el argumento de que Sánchez no debía abstenerse porque su mujer no ha tenido ni tiene una relación laboral o profesional con esta empresa que implique funciones de asesoramiento o dirección.
El PP ha valorado esta decisión judicial que, según fuentes de la formación, “obliga al Gobierno de España a abrir una investigación sobre el supuesto conflicto de intereses del presidente al impulsar el rescate de Air Europa y del resto de empresas del grupo tras pedírselo expresamente su mujer mientras Begoña Gómez recibía ingresos procedentes de la compañía”.
“Pedro Sánchez ha dado dinero público a quien ha dado dinero a su esposa, y por haber participado de manera directa en la adjudicación de esos fondos debe ser investigado. El PP lo pidió, el Gobierno prefirió no hacerlo. Ahora la Justicia nos da la razón”, añaden las fuentes.